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Jueves 16 Junio, 2011

¿Planificación sin censo en sector agroalimentario?

Con frecuencia somos testigos de las quejas de diferentes sectores de la actividad agropecuaria y agroindustrial, en unos casos realmente afectados por la crisis mundial de la agricultura y, en otros, para defender sus intereses financieros.
Justifican sus argumentos con cifras sobre área sembrada, rendimientos, precios, ciclos de cosechas y otros. Sin embargo, llama la atención que el país no realiza un Censo Agropecuario desde 1984. En tales condiciones de carencia estadística solo es posible planificar y tomar decisiones con cifras parciales y desactualizadas.
En su comparecencia ante la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, el 1° de junio de 2011, Gloria Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), fue enfática en la urgencia de un Censo Agropecuario e informó que este se está organizando para 2012, con un costo aproximado a ¢5 mil millones, que deberán ser incluidos en los presupuestos públicos.
Como miembro de la Comisión, me identifico con la iniciativa y felicito a la Ministra por su compromiso e impulso. No obstante, desde el punto de vista técnico, tendremos una fotografía de la situación de un momento, en un contexto en que la dinámica mundial y nacional en materia de producción y mercados es muy cambiante.
Por esta razón, presentaré un proyecto de ley para que en el futuro cercano, los productores, en cada ciclo de cosecha, se registren en las Agencias de Servicios Agropecuarios que el MAG tiene a lo largo y ancho del país. El propósito es que declaren la información relativa a cultivos, actividad, área de siembra, producción obtenida, rendimiento, inventario de hato, producción pecuaria y otras.
Nuestra propuesta consiste en el establecimiento de un sistema de registro anual, permanente y de código único en el MAG, de las personas físicas y jurídicas, productoras agrícolas y pecuarias y de sus datos productivos, lo que permitirá una mejor planificación de mercados, la toma de decisiones sobre incentivos ambientales y financieros para cultivos y actividades, y la política económica, financiera y arancelaria, entre otros.
De igual forma, se requiere disponer de esa información para establecer sistemas de alerta sobre situaciones en la producción nacional por las variaciones en los mercados globales y el cambio climático.
Si bien se impondrá a los productores una nueva obligación (“autorregistrarse”), como requisito para ser sujeto de crédito y ayudas estatales, como en el caso de situaciones de emergencias agropecuarias, será una herramienta para la correcta planificación, decisiones y asignaciones justas y éticas.
En los programas de reactivación productiva, financiamiento, indemnización, beneficio, fortalecimiento y recuperación de las actividades agropecuarias, así como para la atención de emergencias por fenómenos y contingencias naturales, se dará prioridad a las productoras y productores vigentes en el sistema de registro y código único.
Las entidades públicas y autónomas del sector agropecuario de Costa Rica, como el Sistema de Banca para el Desarrollo, que ejecuten programas de crédito o incentivos destinados a las actividades agropecuarias, deberían incluir como parte de los requisitos de aprobación, una certificación emitida por el MAG que exprese que el solicitante está al día con el registro establecido en esta ley.
De lo contrario, dependeremos de la opción de financiar y realizar el Censo Agropecuario cada dos décadas, por lo que la planificación agroalimentaria seguirá, acertando solo a veces.

Alfonso Pérez Gómez
Diputado, Comisión Permanente Asuntos Agropecuario