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Más que una contingencia energética, Gobierno propone adelantar proceso de apertura
Plan eléctrico no convence a la oposición

Nuevo remiendo tendrá que venir de René Castro, ahora ministro de Ambiente
El plan de contingencia eléctrica que la presidenta Laura Chinchilla envió a la corriente legislativa como parche, mientras se aprueba la Ley General, no termina de convencer a la oposición.
Aunque la idea de aprobar un proyecto de ley que prevenga cualquier eventualidad en esta materia, seduce a la Alianza por Costa Rica a excepción del Movimiento Libertario, para ello, el texto requiere ciertas modificaciones.
No hay consenso en cuanto a la intención de modificar el modelo energético, incorporando el concepto de “gran consumidor”.
Esta idea consiste en recalificar a aquellos usuarios que consumen más de un megavatio, el cual a futuro podrían significar diferenciaciones tarifarias.
“Este es un tema que no se debe tocar en este proyecto, sino dentro de la Ley General de Energía, debate que está suspendido”, aduce Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso.
Mas sí existe sintonía en cuanto a la necesidad de incrementar el porcentaje de generación eléctrica en manos de las cooperativas y empresas privadas, así como en agilizar la comercialización de excedentes al resto de la región centroamericana.
En este sentido, los diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión y Frente Amplio en los próximos días le enviarán a René Castro, ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, un documento replanteando el proyecto de ley.
“Estamos haciendo un replanteamiento al Gobierno con la finalidad de que el proyecto sea una verdadera contingencia. Aunque hay sectores que digan que no se requiere tal proyecto, nosotros estaríamos anuentes a aprobar esta ley con ciertas modificaciones, pues creemos que se extralimita”, dijo Luis Fishman, jefe de fracción del PUSC.
Si bien tal alteración no requeriría la presentación de un texto sustituto, sí se simplificaría a unos pocos artículos, en los cuales se establecerían tres aspectos.
Primero, modificar la ley actual, para aumentar el porcentaje de generación eléctrica privada, del 15% actual a un 25%, así como el tamaño máximo de cada proyecto de energía renovable, pasando de 20 a 30 megavatios, lo cual permitiría aportar unos 300 megavatios adicionales en los próximos seis años.
Segundo, una reforma a la Ley de Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, que permita a las cooperativas y otras empresas comercializar a través del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), los excedentes de su producción, luego de asegurar el abastecimiento local.
Tercero, traspasar la rectoría del sector al jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Pocos meses después de haber llegado al poder, la presidenta Chinchilla presentó una propuesta de Ley General de Electricidad para modificar el modelo energético nacional.
Sin embargo, ante la fuerte oposición que recibió el proyecto en la corriente legislativa y las pocas posibilidades de que se aprobara a la brevedad posible, la mandataria envió un proyecto pero de contingencia.
Ello, con la finalidad de prever apagones producto de un desabastecimiento y tomando en cuenta que la entrada en vigor de la Ley General podría tardar más de siete años.
En términos generales, la ley de contingencia busca disminuir la factura petrolera del país, mediante la producción de energías renovables. Tomando en cuenta, que la inversión en los derivados del crudo pasó de $455 millones en 2000 a $1,6 mil millones en 2010.
Además, se estima que para 2011, el monto sobrepasará los $2 mil millones. Ello en razón de que la demanda de electricidad se duplicaría en 13 años y la de los hidrocarburos en 15 años.
Abonado a ello, la dependencia de los combustibles fósiles en el país ha venido aumentando hasta alcanzar el año pasado el 64% de la energía comercial.

Natasha Cambronero
[email protected]
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