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Impedimento legal para dar más concesiones de agua a empresas sería ignorado
Plan eliminaría obstáculos a cogeneradores eléctricos

• Medida busca aumentar la producción privada de energía
• Al menos siete plantas hidroeléctricas privadas saldrían de operación este año ante imposibilidad de renovar permisos

Danny Canales
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Los problemas que enfrentan las empresas privadas para construir nuevas plantas de producción hidroeléctrica mediante la legislación existente, serían despejados.

Con la intención de aumentar la participación privada en la actividad eléctrica, el gobierno analiza apartarse de un criterio vinculante de la Procuraduría General de la República para dar nuevas concesiones de agua a empresas dedicadas al negocio de la cogeneración.

Alegando un vacío legal, la Procuraduría sentenció en 1998 que ninguna entidad de Gobierno tenía la facultad de otorgar nuevos permisos de agua a los generadores privados para la producción de energía.

La entidad justificó la limitación aduciendo que en ese entonces cuando se creó la figura de cogeneración eléctrica, se eliminó la posibilidad que tenía el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) de otorgar las concesiones de agua.

No obstante esta restricción, que ha impedido a los generadores construir más plantas hidroeléctricas en los últimos diez años, el gobierno valora permitirle nuevamente al Minae otorgar licencias.

Con la iniciativa se pretende alcanzar el límite de producción eléctrica de 315 megavatios (hasta un 15% de la capacidad instalada) que la ley le confiere a la empresa privada, pero que debido a las lagunas legales hasta la fecha solo se ha logrado generar 187 megavatios.
Además se pretende renovar las concesiones de agua a las empresas cuyos permisos están próximos a vencer.

Solo este año saldrán de operación siete plantas hidroeléctricas privadas que producen 28 megavatios dijo Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).
El panorama para 2009 es más sombrío pues se vencen las concesiones de otros diez proyectos, que tienen una capacidad de 74 megavatios, adelantó el empresario.

Para apartarse del dictamen de la Procuraduría, el Poder Ejecutivo se apoyaría en la figura de la “dispensa” que le confieren las leyes, dijo Julio Matamoros, viceministro de Energía.

La Ley Orgánica de la Procuraduría permite al Consejo de Gobierno dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes de este órgano, cuando se trate de situaciones de interés público, reconoció Ana Lorena Brenes, procuradora general.

Al respecto, Matamoros justificó que la escasez eléctrica y el consecuente alquiler de 200 megavatios de energía térmica al que se debió recurrir para abastecer el mercado, son algunos de los elementos de interés público que se valoran para plantear la dispensa.

Otro elemento que está considerando es la propuesta de aumento de tarifas del 20% por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en parte fundamentado en el aumento de costos por el aumento de la generación térmica.

“Tenemos un tema de seguridad energética pero también de costos de energía relacionados, porque no podemos explotar fuentes renovables, entonces es un tema de interés público incorporar la mayor cantidad de energías renovables”, dijo el Viceministro.

Datos suministrados por el ICE revelan que el costo de un kilovatio de energía producido en las plantas térmicas arrendadas cuesta $0,36, en promedio, mientras que el producido por los cogeneradores sale en $0,07.
Debido a esos datos, las autoridades del ICE comparten la necesidad de ampliar la participación privada en la producción de energía, dijo Pedro Pablo Quirós, presidente del Instituto energético.

“Los cogeneradores son bienvenidos, creo que quizá si nos ayudaran más, tendríamos menos problemas de compra de combustibles. Eso sí, el ICE no está dispuesto a pagar tarifas exuberantes o semejantes a las de la generación con plantas térmicas”, dijo Quirós.

Sobre esta inquietud, Alvarado aseguró que los proyectos hidroeléctricos vencidos o los que están por vencer por la no renovación de la concesión de agua, podrían ofrecer tarifas más competitivas debido a que ya recuperaron la inversión realizada.

Por su parte, las empresas dedicadas a la actividad eléctrica ven en la posición del gobierno la posibilidad de aumentar la capacidad privada de producción y de contribuir en la inversión requerida para abastecer el mercado nacional.

“Es de interés nacional que el Ejecutivo se aparte del pronunciamiento de la Procuraduría y con eso entonces nosotros podríamos llegar al ICE a contratar por lo menos unos 250 megavatios adicionales”, dijo Miguel Ramírez, director gerente del Grupo Corporativo Saret.

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