Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo en la Asamblea Legislativa. Cortesía/La República
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¿Estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica?”
Eso es lo que preguntó hoy Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialismo en la Asamblea Legislativa, tras conocer la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a la Asamblea Legislativa, para quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.
“Van a seguir. Esta es una prueba más de cómo funciona la institucionalidad de la casta política que ha dominado a sus anchas a este país en beneficio propio. Ahora sí cabe preguntarse, ¿estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica?”, cuestionó la legisladora oficialista en un video compartido con la prensa.
La declaración de Cisneros surge luego de que el TSE solicitara a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero al mandatario, quien enfrenta una investigación por beligerancia política, es decir, por presuntamente haber utilizado recursos públicos o estatales para favorecer electoralmente a su partido.
El Tribunal ordenó la semana pasada suspender las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno y cualquier comunicación institucional por medio de redes sociales, con el fin de garantizar la objetividad durante el proceso electoral.
No obstante, la diputada acusó al TSE de actuar con una “celeridad pasmosa” y de tener intenciones políticas al solicitar el desafuero de Chaves.
“¿Por qué no puede el Tribunal seguir investigando sin levantarle el fuero al presidente? ¿Cuál es la verdadera intención? Inhabilitar a Chaves, sacarlo de Zapote y cortarle su continuidad política”, señaló.
El caso actual se suma a otros procesos que ha enfrentado el mandatario. En septiembre, los diputados conocieron una solicitud de levantamiento de inmunidad por un supuesto delito de concusión —relacionado con cobros indebidos o corrupción—, la cual fue rechazada por falta de votos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El expediente por beligerancia política, que ahora motiva la nueva petición del TSE, agrupa 15 de las 24 denuncias en trámite contra el presidente. Entre los denunciantes figuran Allen Alexander Solera Cordero y Ricardo Sancho Chavarría del Partido Liberación Nacional; José Fabián Solano Fernández del Partido Acción Ciudadana; Johana Obando Bonilla, diputada independiente; y Claudio Alpízar Otoya, de Esperanza Nacional, entre otros.
“Recuerde, costarricense, que las sanciones del Tribunal son inapelables y piden levantarle el fuero no para valorar la prueba, sino para abrir el proceso sancionatorio. Es decir, el castigado no tiene ninguna posibilidad de recurrir el castigo”, advirtió Cisneros, quien calificó la situación como “grave, muy grave”.
