Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Tras denunciar inconsistencias en las declaraciones que supuestamente incriminan al mandatario Rodrigo Chaves, la jefa de fracción de Progreso Social y mano derecha del mandatario en el Congreso, Pilar Cisneros, calificó de “insustancial y ridícula” la petición de la Corte para levantar la inmunidad de Chaves.
Y es que, según Cisneros, el productor audiovisual Christian Bulgarelli aseveró en el Parlamento bajo fe de juramento que no conocía al mandatario y ahora, resulta que es testigo de la corona de la fiscalía y denuncia un supuesto acto anómalo en un proceso de contratación.
Asimismo, Cisneros destacó que la contratación de la productora de Bulgarelli fue un contrato privado entre la empresa que él dirige y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“La decisión de la Corte Plena de pedirle a la Asamblea Legislativa que le levanten el fuero al presidente de la República no solo es insustancial, injusta, absurda, es ridícula, porque el presidente Chaves no tuvo nada que ver en un contrato privado entre el BCIE y Christian Bulgarelli por un servicio de comunicación. Aquí en esta Asamblea Legislativa, el gran testigo de la corona de don Carlo Díaz dijo bajo juramento que él no conocía al presidente Chaves, entonces, costarricenses, ese testigo de la corona que juró decir la verdad, ahora jura decir absolutamente lo contrario”, dijo Cisneros.
Este martes, 15 magistrados de la Corte Plena aceptaron la petición de la fiscalía general y pidieron a los diputados levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente la justicia por un supuesto delito de concusión.
De esta forma, queda en manos de la Asamblea Legislativa la decisión en torno al fuero que protege al mandatario para que no enfrente causas penales en el ejercicio del cargo.
La pena por el delito de concusión oscila entre dos y ocho años de prisión y castiga al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligue o induzca a alguien a entregar o prometer indebidamente un bien o beneficio patrimonial, ya sea para sí mismo o para un tercero.
La investigación se centra en una presunta contratación hecha “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A., durante el actual mandato presidencial, por un monto superior a los $400 mil.
Esta empresa habría prestado servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y análisis de opinión pública para Casa Presidencial, entre 2022 y 2026.
Según la Fiscalía, el presidente Chaves y el ministro Jorge Rodríguez habrían inducido al empresario Christian Bulgarelli Rojas a entregar un beneficio económico indebido al también imputado Federico Cruz Saravanja, asesor personal y amigo íntimo del presidente.
“Los magistrados siguen cavando la tumba de la credibilidad del Poder Judicial”, finalizó Cisneros.
Mientras tanto, varios diputados opositores calificaron de histórica la petición de la Corte para levantar la inmunidad del mandatario.
“Analizaremos la decisión de la Corte y, de ser necesario, daremos los votos para esta petición histórica”, dijo Alejandro Pacheco, jefe del PUSC.
De acuerdo con el procedimiento, corresponderá a los legisladores conformar una comisión especial para analizar el caso y, posteriormente, un mínimo de 38 diputados debe validar el levantamiento de la inmunidad para que el fiscal proceda con la acusación ante la Sala III.
“Analizaremos este caso. Se trata de una petición histórica”, dijo Óscar Izquierdo, jefe del PLN.
