En conciliación sobre carretera a San Ramón, representantes júnior defenderán Estado

Peso completo contra liviano

Recuperar $46 millones invertidos es lo que busca el concesionario

Tres funcionarios y un abogado, que no pueden decidir asuntos importantes sin consultarle a la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones, son los que defenderán la posición del Estado, en el último intento de conciliar la fracasada carretera a San Ramón.
Por otra parte, la empresa OAS, concesionaria del proyecto será representada por su gerente general —quien puede decidir sin hacer mayores consultas—, así como por el abogado de Facio & Cañas, Víctor Garita quien cuenta con experiencia en arbitrajes y conciliaciones internacionales.
Podría iniciar esta semana la conciliación, mediante la cual la empresa pretende recuperar $46 millones, que dice haber invertido en estudios técnicos,  procesos administrativos y especies fiscales.
Por otro lado, el Estado esperaría reducir el monto a pagar para poner fin al contrato.
A la negociación, que tomará lugar en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, llegará un equipo de Gobierno integrado por el abogado Christian Díaz, quien recibirá un pago de $3 mil por asesorar en el proceso, así como tres funcionarios.
Se trata de José Humberto Zúñiga, gerente de Concesiones; Melvin Quirós, subdirector de Crédito Público, y Silvia Jiménez, fiscalizadora de Proyectos de Concesiones.
Sin embargo, estas personas negociarán sin la autonomía absoluta, más bien deben consultar todos los temas que se planteen con los miembros de la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones, constituido por varios ministros del Gobierno del Gobierno.
Esta es una forma de llevar la negociación sin tintes políticos, quienes van a representar al Estado son personas que saben los principios generales en la negociación, los puntos medulares se irán viendo en el camino, explicó Roberto Gallardo, ministro de Planificación.
Contrario a lo que ocurre en el grupo del Gobierno, OAS será representada por Humberto Pereira, gerente general, y por el abogado de Facio & Cañas, Víctor Garita, quien cuenta con amplia experiencia en arbitrajes y conciliaciones internacionales.
Además, ellos tendrán la potestad de decidir directamente sobre cada punto que se vaya discutiendo en la agenda y tomar acuerdos.
Aparte de determinar el monto pagadero para una cancelación del proyecto por mutuo acuerdo, existe la opción —aunque no es probable— de que las partes coincidan para que la empresa siga con la concesión, bajo términos aceptables para el público.
Bajo la versión inicial, anunciada en marzo anterior, el peaje entre San Ramón y la capital habría llegado hasta ¢40 mil mensuales por conductor, lo que provocó una fuerte reacción negativa, ante la cual se canceló el proyecto.
La española Autopistas del Valle que obtuvo la concesión inicial en 2004 y que nunca arrancó las obras le cedió el proyecto a OAS ese año.

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net