Al ser tantos los millones de dólares que el fisco deja de percibir por causa del contrabando, el iniciar una lucha seria por combatirlo es coherente con las políticas de un gobierno que prometió recaudar mejor antes de pedir más pago de impuestos

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Persecución al contrabando

La pesada carga que significa para el país y para los empresarios honestos el contrabando hecho por quienes realizan comercio ilícito, así como la evasión fiscal o la falsificación de productos, podría aliviarse en alguna medida gracias a una alianza entre el gobierno y la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham).
Esta última desarrolló la herramienta Mercado Ilegal, la primera en su estilo en Latinoamérica, que le permitirá a las personas, desde una página de Internet, e incluso con acceso directo al webapp en tabletas, teléfonos o computadoras, reportar de forma anónima los comercios que operan de manera ilícita.
Con base en esas informaciones se generarán reportes mensuales, que permitirán a las autoridades correspondientes desplegar una serie de acciones tendientes a ubicar las zonas desde donde se llevan a cabo las actividades ilegales y efectuar operativos para incautar mercaderías y actuar contra los defraudadores del fisco.
La iniciativa se enmarca dentro de los objetivos del decreto ejecutivo que declaró de interés público y nacional la lucha contra el comercio ilícito.
La presente administración anunció desde el inicio su decisión de combatir todas las formas de contrabando.
Es de imaginar que los defraudadores del fisco buscarán formas de variar y mover sus bases de operaciones, pero las modernas tecnologías permitirán sin duda perfeccionar el sistema de detección del comercio ilícito.
Lo que se necesitaba era la voluntad política para unir esfuerzos del gobierno a los hechos por Amcham para comenzar la limpieza de estas actividades delictivas que se vienen permitiendo, en la práctica, desde hace tantos años.
El Ministerio de Hacienda anunció desde finales de setiembre de este año, la presentación de un proyecto de ley para mejorar la lucha contra el contrabando que, entre otras medidas, busca modificar el umbral de punibilidad que pasará de $50 mil a $10 mil y prever incluso las acciones contra un posible contrabando fraccionado.
Al ser tantos los millones de dólares que el fisco deja de percibir por causa del contrabando, el iniciar una lucha seria por combatirlo es coherente con las políticas de un gobierno que prometió recaudar mejor antes de pedir más pago de impuestos.