Aquí liberan obligada y continuamente a todo tipo de imputados, por considerar que las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público carecen de idoneidad

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Persecución

Aunque no existe ningún nexo con don Miguel Ángel Rodríguez, como costarricenses poseemos el derecho de manifestar nuestro desacuerdo con lo que, consideramos, abusos e inconsistencias de la Fiscalía General.
Independientemente de lo que piensen o digan algunos miembros del Poder Judicial, el ex Presidente cumplió con las expectativas del pueblo en el cuatrienio que le correspondió gobernar.
El abogado y economista bailó con la más fea de forma magistral. Y así lo reconocen todas aquellas personas que, soportaron sin prejuzgar, el escandaloso circo montado por algunos medios versados en el deprimente ejercicio de la difamación.
Don Abel Pacheco recordará que él mismo reconoció en otro momento, la excelente labor realizada por el exgobernante. Ciertamente, el siquiatra no hubiese alcanzado la silla presidencial sin el indiscutible impulso de su antecesor.
En este país, los malos de los culebrones políticos tienen colores perfectamente predeterminados. El caso de la trocha, la platina, asesorías espurias, y múltiples violaciones más, permanecen congelados en la morgue fiscal. A pesar de tantos casos de corrupción, y como por arte de magia, las sirenas de las “perreras” —por suerte— dejaron de funcionar.
Aún recordamos los pobres argumentos de un conocido Fiscal para impedir que los diputados ordenaran el regreso al país de un ex Presidente establecido plácidamente en otro lugar. Descubriendo de esta forma los intereses ocultos de un sistema carcomido por la arbitrariedad.
El haber esposado, y encarcelado a un ex Presidente que viajó cientos de millas para enfrentar —voluntariamente— los cargos, afectó negativamente la majestad del Poder Judicial al violarle derechos claramente establecidos en el Código Penal.
La administración de justicia debería ser pronta y cumplida, y no intemporal.
Aquí liberan obligada y continuamente a todo tipo de imputados, por considerar que, las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, carecen de idoneidad.
Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Garantías Judiciales art 8), los tribunales y jueces deben ser competentes, independientes, imparciales, y, agregamos, transparentes y puntuales a la hora de fallar.
Este tipo de situaciones son producto de las pifias y contradicciones de personas que anuncian con bombos y trompetas su partida para luego arrepentirse y regresar.

Jorge Castro Guardia