El consumidor usualmente no tiene más salida que soportar aumentos que van mermando en muchos casos su capacidad adquisitiva y su calidad de vida

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Perdieron los consumidores

Las gasolineras que integran la Cámara de Empresarios del Combustible habían lanzado ya amenazas de perjudicar al consumidor con diferentes medidas en la prestación del servicio, al no haberles aprobado Aresep los beneficios económicos que ellos desean recibir.
Solo que no fue necesario que pusieran en práctica las medidas, porque justamente en esos momentos la Aresep les aprobó un aumento de ¢5 por litro, aduciendo que en el cálculo anterior, del que se quejaban las gasolineras mencionadas, había habido un “error”.
Nada nuevo, desde luego, para el consumidor, que al no poder hacer semejantes amenazas, usualmente no tiene más salida que aguantar no solo este aumento sino también otros que van mermando en muchos casos su capacidad adquisitiva y su calidad de vida.
En el caso de las gasolinas, la situación es bien clara.
El Estado no se encarga de poner en marcha un moderno sistema de transporte público colectivo, eficiente y cómodo, con la debida seguridad, que podría significar una gran alternativa para que muchos dejaran su auto en casa, solo para salidas especiales, gastando menos en gasolina, contaminando menos y generando menos congestionamientos y accidentes en las calles.
Si esta política se llevara a cabo, no se esforzarían ciertos ciudadanos por adquirir un vehículo, aunque a veces sea de segunda mano, para asegurarse, en alguna medida, que no perderán dos o tres horas diarias en muchos casos solo para transportarse a su lugar de trabajo o estudio.
A la vez, de ese modo, al menos uno de los grupos organizados que suelen amenazar a los consumidores, tendría menos efecto con sus anuncios de alterar el servicio.
Este no es el único caso, por supuesto. Hay otros en que el incumplimiento de las obligaciones del Gobierno o las instituciones obliga a las personas a gastar mucho más de lo que deberían si tuvieran las alternativas que merecen.
El caso es que el consumidor no tiene como ejercer medidas de presión, como sí lo hacen los sectores organizados.
Poner denuncias cuando no recibe el servicio que necesita o lo recibe mal o más caro, le significa perder un tiempo que no tiene en tramitar una denuncia que justamente por eso casi nunca se lleva a cabo.
Sin embargo, como sabemos, no debería suceder así. Los gobiernos y sus instituciones están para representar y atender a todos los sectores de la población de manera eficiente.
Al no suceder esto, la consecuencia la vemos muchas veces en las calles, adonde se reúnen para protestar aquellos que no tienen otro modo de intentar ser escuchados. No parece ser un buen camino el de “oídos sordos”.