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Pensiones privadas Argentinas están en la cuerda floja

Gobierno busca traspaso al Estado de la cartera gestionada por las administradoras de fondos de jubilación

Eugenia Soto
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El Gobierno de Argentina impulsa una reforma legal para traspasar los millonarios fondos de pensión administrados por entidades privadas al sistema estatal de jubilaciones.
El plan oficial supone el traspaso al Estado de la cartera de fondos gestionada por las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), que asciende a 98 mil millones de pesos ($30.600 millones).
El plan de estatizar los fondos privados de pensiones fue leído por inversores extranjeros como un esfuerzo del Gobierno para hacerse de fondos frescos para pagar los fuertes vencimientos de deuda del año próximo e incluso como un intento de evitar una nueva cesación de pagos.
Los bonos de la deuda pública cayeron más del 60% en octubre, golpeados por el plan del Gobierno y por la crisis financiera. Algunos títulos de referencia se negocian a precios inferiores al 17% de su valor nominal.
La crisis del crédito derrumbó políticamente el impacto de la oferta de Fernández de cancelar toda la deuda vencida de unos $6.700 millones con el Club de París y de buscar un acuerdo con los tenedores de bonos que no participaron del canje de 2005.
De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.
Los fondos del sistema privado pasarían a las arcas de la Anses, que administra aportes de unos 5 millones de trabajadores adheridos al sistema de jubilación estatal y que paga pensiones a 5 millones de retirados.
Además, la caja estatal se nutrirá anualmente con 15 mil millones de pesos ($4.630 millones) que los trabajadores aportan actualmente al sistema privado.
Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del español BBVA) son las principales firmas afectadas, pues acaparan el 47% de las afiliaciones al régimen de capitalización.






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