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Pensiones de extranjeros amarradas en el país

Operadoras carecen de reglas para proceder en casos de liquidación de aportes de trabajadores foráneos
Daniel Chacón
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Cada vez que una persona viene del extranjero a trabajar, el patrono debe reportar su ingreso y afiliarlo al Sistema Nacional de Pensiones.
La persona cotiza durante el tiempo por el que se le contrató, pero si se va antes de cumplir con los requisitos mínimos para su jubilación, el dinero aportado queda en el país, en medio de un vacío legal.
Aproximadamente un 5% de los casi 1,7 millones de afiliados son extranjeros y están en esta encrucijada.
En la actualidad, es imposible trasladar los recursos al fondo de pensiones de su país de origen. Tampoco está claro si estos clientes se jubilan según las normas de su país o del nuestro, esto para efectos de las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC).
Las OPC también tienen un reto, porque se encuentran obligadas a seguir en contacto con el afiliado y enviar periódicamente la información del fondo. La situación genera una serie de dificultades logísticas.
Hasta el momento, los afectados directos son los extranjeros, ya que no pueden retirar sus recursos que quedan en manos de las OPC.
“Las operadoras no pueden tocar esos fondos, en eso estamos claros. Lo que tenemos que definir es el marco jurídico para entregar el dinero a las personas, ya sea mediante convenios de portabilidad o alguna otra forma”, reflexionó Javier Cascante, Superintendente de Pensiones (SUPEN).
El responsable de la SUPEN comenta que, por ejemplo, el aporte de una persona individual jamás debe ir a otro país a formar parte de un fondo colectivo. Otro obstáculo se presenta cuando la supervisión del país destino es inferior, ya que la SUPEN evitaría las transferencias en esa vía.
De momento, las inquietudes y sus respuestas están planteadas en un proyecto que está en consulta en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, para luego ir a consulta legislativa. Por lo pronto, la pensión de los extranjeros se mantendrá atada en el país.
Entre los afectados están gerentes de las multinacionales, especialistas médicos, mano de obra temporal para la agricultura y construcción. Los involucrados consideran que esta situación será más común cuando maduren los acuerdos comerciales, y que el país se incorpore aún más en los procesos de globalización.
“Nosotros tenemos esos casos identificados, lo que hacemos es ubicarlos y tratar de enviar los informes periódicos por correo electrónico. Efectivamente hay un vacío legal y mientras eso no se resuelva, no podemos liquidar nada”, reconoció Marco Vargas, gerente de cartera de IBP pensiones.
La operadora tiene identificados a unos 3.800 afiliados bajo esta circunstancia, que suman un fondo cercano a los 900 millones de colones. Por el carácter del fondo de pensión, consideran necesaria una pronta resolución.
Esta situación se presenta en todas las operadoras de pensiones. El gerente general de BN Vital, Ernesto Hip, admite que conocen del tema y saben que un porcentaje de sus afiliados está en esta situación, pero les resulta difícil identificar al número exacto de personas.
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