Peligrosas manifestaciones de totalitarismo

La reciente publicación del Decreto N° 41996 que crea la denominada Unidad Presidencial de Análisis de Datos, debe sin duda movernos a reaccionar y, por ende, a dejar de lado la indiferencia y apatía política que se está convirtiendo, lamentablemente, en característica distintiva de nuestra vida democrática, y que se ha manifestado en el altísimo abstencionismo observado en las recientes elecciones municipales, así como en los últimos comicios nacionales.

El hecho de que el costarricense no participe de y en la política en forma activa, y, siquiera, en los procesos electorales, se erige en un flaco favor al mantenimiento mismo del régimen democrático, y posibilita fraguar un caldo de cultivo exquisito para posiciones harto contrarias a la democracia; a nuestra sociedad abierta y, en general, a lo que ha constituido nuestra institucionalidad misma.

Y es que lo anterior no es ninguna exageración si se toma en cuenta, además, el descenso en la preferencia por la democracia en Costa Rica durante lo que llevamos de este milenio en relación con el siglo anterior, así como un porcentaje nada despreciable del 11% de preferencia del totalitarismo frente a la democracia, ambos datos conforme a un examen del Latinobarómetro.

Cuando en una democracia, sus miembros activos, los ciudadanos, son indiferentes a su mantenimiento, se atenta también contra su futuro, toda vez que transmiten ese desinterés a las generaciones venideras. Asimismo, se propicia que se dé una muy desaconsejable democracia “de los mismos” que, cual círculo vicioso, entran y salen, con diversos ropajes y en distintos órganos e instituciones, de la Administración y de los partidos políticos como expresión máxima del sistema electoral.

Un efecto aún más pernicioso de la indiferencia es que esos políticos, con el tiempo -ahora cada vez más rápido-, se llegan a sentir muy confiados de que pueden tomar las decisiones que quieran sin limitación alguna, las cuales se expresan, y he aquí lo grave, en normativa de eficacia general que, en consecuencia, viene a afectar a toda la sociedad de manera más que negativa. No se trata ya de meras manifestaciones como las que recientemente protagonizó una magistrada en relación con la libertad de prensa. No. Se trata de utilizar el poder para dictar decretos que violentan de manera flagrante y directa los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución bajo el prurito de adoptar mejores decisiones políticas, sin importar que, con ello, se haga nulo, como en el decreto en comentario, el derecho a la autodeterminación informativa: la tutela irrestricta de los datos sensibles e, incluso, de los datos de acceso restringido. Ese decreto, con todo y que se anunció de inmediato su derogación (y ello producto de un verdadero bombardeo de criterios en contra expresados en las redes y en todos los medios de comunicación, no por un mea culpa del Gobierno el que, incluso, hasta protagonizó un deshonroso mensaje en Facebook que debió aclarar la señora Defensora), borró de un solo todo ese cúmulo de protección constitucional y legal a ese tipo de información y la puso al servicio de un gobierno que se comportó cual grosero “Gran Hermano” que se arrogó la potestad de modelar sus acciones con base en información que usted, y yo, no le hemos facilitado, como tampoco la Constitución; un gobierno que violentó igualmente la Carta Magna en cuanto al principio de separación de poderes al producir normativa que estaría reservada al Poder Constituyente Derivado -y aún aquí habría que analizar si su ejercicio resistiría un examen de constitucionalidad-; un gobierno, en suma, que se vistió de totalitario y que, más grave aún, reconoció que la desafortunada Unidad que creaba en ese decreto funciona de facto…es decir, cualquier distinción con un régimen dictatorial o totalitario en general no es mera coincidencia.

No, señor Presidente. El asunto no se resuelve con la derogatoria. La democracia le exige a usted dar cuentas al Parlamento y sentar responsabilidades…incluso sin son suyas, y, al costarricense, ese decreto lo obliga a asumir, de una vez por todas, su responsabilidad con la democracia para eliminar cualquier atisbo de totalitarismo que empañe nuestra sociedad abierta; para apropiarse de una vez por toda de su país; para ser actor en el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático porque, “derechos sagrados la Patria nos da.”