Peligros y urgencia de la situación fiscal

Peligros y urgencia de la situación fiscal

Vivimos horas de enorme importancia para determinar nuestro futuro.

Corremos graves peligros y frente a ellos es imperioso actuar pronto.

El continuado y creciente déficit fiscal financiero, en cuenta corriente y primario nos conducen a un aumento acelerado de la deuda pública con relación al PIB y nos pueden llevar a una costosísima crisis financiera, de dramáticas consecuencias; que empobrezca cientos de miles de familias costarricenses.

La última vez que no se quiso actuar a tiempo, se duplicó (y más) la cantidad de costarricenses viviendo en la pobreza, se dejó de educar a una quinta parte de los costarricenses que venían estudiando secundaria, se duplicó la tasa de desempleo y salimos de la catástrofe con menores costos porque vivíamos las guerras en Centroamérica que, en medio de la Guerra Fría, nos permitieron recibir ayudas por más de $1 millón diarios y que se nos perdonase casi un 70% de la deuda externa. Ahora eso es impensable y deberíamos aguantar solos la violencia de un ajuste descontrolado.

Si no actuamos pronto, las calificadoras de riesgo podrían disminuir nuestra categoría ya precaria, lo que haría que aumente la tasa de interés real de las colocaciones del gobierno.

Con un continuado aumento de las tasas de interés que deberían pagar tanto el gobierno como el sector privado, caería la inversión y el ya muy veloz crecimiento de la relación déficit fiscal a PIB se aceleraría aún más por el aumento del gasto y por la disminución del crecimiento económico. Eso nos llevaría vertiginosamente a un vicioso círculo que fácilmente podría desencadenar un corte del flujo de recursos externos al país. Si se dan esas condiciones caeríamos, bien en la paralización de servicios públicos esenciales por falta de capacidad para pagar salarios, transferencias y compras del gobierno, o bien en un financiamiento inflacionario acompañado de una acelerada devaluación. En ambos casos aumentarían el desempleo y la pobreza y se necesitarían medidas mucho más duras y dolorosas de las que hoy se requieren.

Urgencia

Para evitar esos graves peligros debemos actuar ya. Llevamos muchos años de atraso y dejamos de lado soluciones alternativas que propuse hace ya 20 años.

No podemos revivir el pasado y cambiar la historia. Tenemos que enfrentar las circunstancias que hoy vivimos. Aunque no nos guste. Está bien reclamar los errores y daños que se han causado con malas políticas fiscales en el pasado, pero eso no nos permite olvidar donde estamos y los peligros que para mañana enfrentamos.

Claro que no nos gusta pagar más impuestos. Ni les gusta a los servidores públicos, en su gran mayoría dedicados y honestos, que no les suban mucho sus salarios; ni les gusta a las universidades y otros entes que se limiten las transferencias del gobierno; ni les ha gustado a los pensionados que no son de IVM que se les ponga límites e impuestos a sus pensiones y orden en sus regímenes con mayores contribuciones, más años de servicio, menores pensiones y límites a las mismas. Pero no nos queda otro remedio.

Debemos aprobar con urgencia el IVA que al generalizar el tributo permite no solo aumentar la recaudación al gravar el sector de servicios que cada vez es más grande en la producción nacional, sino también dar seguimiento a los pagos para controlar y recaudar mejor el impuesto de renta. Y si debemos hacerlo para enfrentar los graves peligros, debemos hacerlo bien. Debemos hacerlo sin dejar contradicciones que impidan a quienes venden el bien final deducir el IVA pagado por los productores intermedios en la escala productiva, pues no hacerlo pondría a los nacionales en gran desventaja frente a los productos importados. Es contradictoria la actitud de quienes alegan defender la producción nacional o se quejan por el cobro ineficiente de impuestos y se oponen a estas medidas.

Son también necesarios para generar recursos con qué atender el déficit y para cumplir con la justicia tributaria, los cambios al impuesto de renta que introducen la renta global y van hacia tarifas más uniformes para distintas actividades.

Por supuesto que estos proyectos son siempre perfectibles, pero hoy día no debemos esperar más. Además estos cambios tributarios, apenas cubren una parte del ajuste requerido, quedando una buena parte del mismo a ser resuelto de aquí hasta 2022 con reducción y mayor eficiencia del gasto.

Con justificación se produce una protesta de quienes tendremos que pagar más impuestos porque hay mucho gasto ineficiente. Mucho he escrito sobre el gran incremento en el gasto en educación y el poco resultado en aprendizaje de habilidades literarias, numerarias y científicas de nuestros jóvenes; sobre la falta de un sistema de incentivos salariales basados en resultados; sobre la ineficiencia de tantos servicios públicos; sobre la enorme debilidad de los pocos mecanismos de evaluación de programas y gastos, y de rendimiento de cuentas.

Pero tenemos que estar de acuerdo con que los gastos en un gobierno eficiente son indispensables. No podemos vivir sin un sistema judicial, sin seguridad pública, sin ordenamiento para proteger el ambiente, los contratos, la propiedad. No podemos ni queremos vivir sin una cobertura universal de educación eficiente; sin una medicina preventiva y curativa que cubra a todos y que se nos encarece con el envejecimiento de la población; sin un sistema universal de seguridad social; sin programas sociales que brinden atención focalizada a las familias con mayores necesidades básicas insatisfechas, que no pueden cubrir solo con su propio esfuerzo por carecer de oportunidades. Ni podemos ni debemos seguir sin la infraestructura que nos resuelva costos al sector productivo, y dolorosas pérdidas de tiempo y malestar a las personas, y cuya construcción reactive la economía hoy, y nos permita ser más eficientes mañana. Y para lograrlo deberemos redireccionar mucho gasto público hacia esos sectores más importantes. Se puede, lo hemos hecho.

Para evitar que volvamos mañana a vivir esta misma situación, además de aprobar la ley en trámite en la Asamblea Legislativa se debe tramitar la regla fiscal constitucional (las Garantías Económicas que propuse desde el 88). Deberemos seguir luchando para poner coto a los disparadores del gasto y continuar diariamente controlando el gasto público, como lo tiene que hacer siempre todo hogar o empresa eficiente. Mucho falta por hacer.

Pero recordemos que a las pensiones altas ya se les puso un impuesto del 55% y se estabilizó el régimen de pensiones del Poder Judicial con topes, menor pensión, más años de trabajo y tope máximo. Desde los años 90 se cerraron los regímenes de Hacienda y de diputados y se reorganizó y financió el sistema del Magisterio. Hay que seguir limitando y haciendo eficiente el gasto público, pero no pidamos que se haga lo que ya se ha hecho, ni neguemos que se ha hecho.

Ahora nos toca aprobar las medidas en trámite y debemos además, continuar restringiendo y redirigiendo el gasto, restructurando el Estado para hacerlo más eficiente y dar aprobación a la regla fiscal constitucional que evite caigamos de nuevo en estas lamentables circunstancias.