Paz para la población

El aumento de la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas y la violencia en general, deterioran seriamente la calidad de vida de los costarricenses y esto no requiere estadísticas ni cifras porque la situación es el pan nuestro de cada día y no hay quien no la haya sufrido personalmente en alguna forma o por lo menos a través de un familiar o amistad.

Que el hampa gana terreno no es solo una percepción de la población estimulada por la prensa sensacionalista, sino que se comprueba con los datos del Organismo de Investigación Judicial. Durante 2006 hubo 326 homicidios dolosos y hasta mayo del presente año ya la cifra llegaba a 105, según lo informó LA REPUBLICA el viernes.

Los costarricenses se sienten cada vez más inseguros. Para nadie es un secreto que ya no hay paz ni en las casas ni en las calles, ni en los automóviles porque el hampa irrumpe en ellos con doble armamento, la pistola o arma blanca que porta en sus manos y la certeza de impunidad que le acompaña porque sabe que un robo que no sobrepase los ¢250.000 no lo enviará a la cárcel y que si lo detienen lo más probable es que a las pocas horas ya esté de nuevo en la calle para reiniciar su “trabajo”.

Según la encuesta de la firma CID-Gallup para LA REPUBLICA, más de la mitad de la población considera que el actual gobierno carece de una estrategia para combatir el crimen.

Aunque se habla de aumentar la planilla policial, es obvio que se necesita adecuada capacitación, equipamiento, un salario digno y un personal seleccionado entre quienes tengan requisitos morales y psicológicos que los lleven a poder y a querer enfrentarse realmente con el hampa y ganarle la partida.

Todo esto sumado a una adecuada legislación, una voluntad firme en el Poder Judicial, más centros de reclusión y una importante labor preventiva en las poblaciones de riesgo.

Nada de esto es fácil, desde luego, pero preocupa no ver con claridad, a pesar de los esfuerzos realizados para frenar el narcotráfico, el plan de acción a corto, mediano y largo plazo que el país espera o más bien, pide a gritos, para devolver la seguridad y con ello la paz a los ciudadanos.