Rumbo país

Bonos serían tabla de salvación

Partidos no quieren pasar miserias en campaña

Legalidad depende de Sala IV

Debido a las penurias que ya están sufriendo para financiar sus gastos de campaña, varios partidos políticos hacen un llamado a la Sala IV para que se pronuncie cuanto antes sobre la legalidad de los bonos de la deuda política.
Su esperanza es que el máximo tribunal avale ese mecanismo de financiamiento y de esta forma, puedan conseguir recursos para pagar la publicidad, los signos externos y otros gastos de la contienda.

De lo contrario, se consideran en grave desventaja contra Liberación Nacional, pues el sistema de fideicomiso propuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para suplantar los bonos, podría ser selectivo y poco equitativo a cuatro meses de las elecciones nacionales.
“Hago un llamado respetuoso a la Sala IV para que resuelva pronto este tema o bien, levante la medida cautelar, pues la democracia se está viendo afectada por este tema. La cosa es muy simple, sin cacao no se puede hacer chocolate y en este caso sin plata, no hay campaña”, indica Óscar López, candidato del PASE.
Los bonos de la deuda política son certificados de cesión, los cuales son adquiridos por prestamistas que al término de la contienda electoral recuperan su dinero más una ganancia.
Debido a una acción de inconstitucionalidad presentada en enero anterior por los exdiputados Federico Malavassi y Rodrigo Alberto Carazo, este sistema de financiamiento quedó suspendido hasta que la Sala IV no resuelva el reclamo.
Esto pone en serios aprietos a los partidos políticos que se financiaron en el pasado con los bonos, pues no pueden colocar dichos títulos en el mercado.
Así las cosas, solo les quedan como opciones las donaciones o los fideicomisos.
En el primero de los casos, los partidos reportan donaciones a cuentagotas, debido quizá al desencanto con los políticos.
Mientras que los fideicomisos son instrumentos financieros que en este caso se rigen por la popularidad en las encuestas, por lo que las agrupaciones emergentes no son sujeto de crédito.
Asimismo, no cuentan con garantías inmobiliarias o líquidas para respaldar los eventuales préstamos ante las diversas entidades bancarias.
Otra de las razones que motivan a los aspirantes presidenciales a solicitar a la Sala IV celeridad en este tema, está relacionado con el peligro de que se den donaciones al margen de la ley, las cuales, estarían supeditadas a grupos económicos o en el peor de los casos, ligados al lavado de dinero o al narcotráfico.
“Eliminar los bonos de la deuda política constituye un camino seguro para el aumento de la influencia del financiamiento privado en la política nacional”, expresa Luis Guillermo Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana.
Para los comicios de 2010 la agrupación rojiamarilla colocó ¢4 mil millones en bonos, mientras que el PASE unos ¢1.000 millones.
La preocupación de los partidos se debe a que iniciaron la campaña electoral con los números en rojo.
En caso de que la Sala IV falle a favor de los intereses de los partidos, el sistema de los bonos de la deuda política podría implementarse en la campaña, de acuerdo con Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
No obstante, el mismo Sobrado ha indicado que este mecanismo es “perverso” y promueve la inequidad, pues los prestamistas se basan en encuestas para hacer las inversiones.
En promedio, la Sala Constitucional dura 18 meses en resolver este tipo de reclamos, no obstante, los magistrados habrían acordado conocer este tema este mes.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR