Parlamento y cultura democrática
| Viernes 18 mayo, 2012
Parlamento y cultura democrática
Nadie podría hoy cuestionar, al menos no desde la teoría, que un desarrollo institucional efectivo del parlamento marca la calidad de la democracia en cualquier sistema político no totalitario o antidemocrático.
Y si la democracia está constituida por instituciones, valores y prácticas, no es posible que estos elementos constitutivos operen disociados entre sí: la historia nos ofrece múltiples casos de regímenes políticos con instituciones fuertes pero sin valores democráticos, o lo que ocurre con mucha más frecuencia, valores y prácticas democráticas que sobreviven dentro de una precaria institucionalidad democrática.
Por ello, la institucionalidad es básicamente la dimensión tangible de la democracia, medida por la eficacia y legitimidad de las instituciones formales y de sus organizaciones políticas. Y su dimensión intangible, —actitudes y comportamientos humanos— representa la cultura democrática, sin la cual no habría respeto a las reglas de la convivencia armónica y pacífica.
El sistema político costarricense vive hoy una aguda crisis en ambas dimensiones de su democracia, y el instrumento de medición que dispara la alarma es el desgaste progresivo de la confianza ciudadana. El costarricense sigue creyendo en la democracia como sistema, pero confía cada día menos en los rendimientos (eficacia) y en los actores (representatividad).
La frustración del costarricense puede explicarse por lo que percibe como ausencia de resultados concretos sobre problemas como la inseguridad, el acceso efectivo a la salud, la calidad de la educación y el costo de la vida, entre otros, y traduce su insatisfacción pasando la factura a todo el sistema político.
En consecuencia, se rompe el vínculo entre representantes y representados y el sentido de pertenencia de los ciudadanos al sistema político.
Es muy obvio que nuestra democracia se ha quedado rezagada, con menor capacidad de respuesta ante las más complejas y numerosas demandas y expectativas de los ciudadanos. La excesiva burocratización, la corrupción manifiesta en diversos estratos de la administración pública y en el sector privado, más la debilidad de los partidos políticos, evidencian una crisis de gobernabilidad que obstaculiza el crecimiento económico y la movilidad social.
La reciente elección del directorio legislativo para la nueva legislatura es una ocasión propicia para tratar de restablecer un poco la conexión perdida entre la ciudadanía y sus representantes legislativos.
Es igualmente legítimo el objetivo del oficialismo por retomar el control de las comisiones legislativas y alguna cuota del directorio como lo es el de la alianza opositora (ahora fraccionada) por mantener en el tiempo el estado de situación de la legislatura que terminó el 30 de abril. Pero sería más importante si la coyuntura es capaz de producir resultados concretos desde la gestión parlamentaria que aborden los asuntos fundamentales de la agenda nacional.
Luis Alberto Cordero
Nadie podría hoy cuestionar, al menos no desde la teoría, que un desarrollo institucional efectivo del parlamento marca la calidad de la democracia en cualquier sistema político no totalitario o antidemocrático.
Y si la democracia está constituida por instituciones, valores y prácticas, no es posible que estos elementos constitutivos operen disociados entre sí: la historia nos ofrece múltiples casos de regímenes políticos con instituciones fuertes pero sin valores democráticos, o lo que ocurre con mucha más frecuencia, valores y prácticas democráticas que sobreviven dentro de una precaria institucionalidad democrática.
Por ello, la institucionalidad es básicamente la dimensión tangible de la democracia, medida por la eficacia y legitimidad de las instituciones formales y de sus organizaciones políticas. Y su dimensión intangible, —actitudes y comportamientos humanos— representa la cultura democrática, sin la cual no habría respeto a las reglas de la convivencia armónica y pacífica.
El sistema político costarricense vive hoy una aguda crisis en ambas dimensiones de su democracia, y el instrumento de medición que dispara la alarma es el desgaste progresivo de la confianza ciudadana. El costarricense sigue creyendo en la democracia como sistema, pero confía cada día menos en los rendimientos (eficacia) y en los actores (representatividad).
La frustración del costarricense puede explicarse por lo que percibe como ausencia de resultados concretos sobre problemas como la inseguridad, el acceso efectivo a la salud, la calidad de la educación y el costo de la vida, entre otros, y traduce su insatisfacción pasando la factura a todo el sistema político.
En consecuencia, se rompe el vínculo entre representantes y representados y el sentido de pertenencia de los ciudadanos al sistema político.
Es muy obvio que nuestra democracia se ha quedado rezagada, con menor capacidad de respuesta ante las más complejas y numerosas demandas y expectativas de los ciudadanos. La excesiva burocratización, la corrupción manifiesta en diversos estratos de la administración pública y en el sector privado, más la debilidad de los partidos políticos, evidencian una crisis de gobernabilidad que obstaculiza el crecimiento económico y la movilidad social.
La reciente elección del directorio legislativo para la nueva legislatura es una ocasión propicia para tratar de restablecer un poco la conexión perdida entre la ciudadanía y sus representantes legislativos.
Es igualmente legítimo el objetivo del oficialismo por retomar el control de las comisiones legislativas y alguna cuota del directorio como lo es el de la alianza opositora (ahora fraccionada) por mantener en el tiempo el estado de situación de la legislatura que terminó el 30 de abril. Pero sería más importante si la coyuntura es capaz de producir resultados concretos desde la gestión parlamentaria que aborden los asuntos fundamentales de la agenda nacional.
Luis Alberto Cordero