¿Para qué aulas sin estudiantes?

Firman

Junta Administrativa Colegio Técnico Profesional de Santa Ana

Ida Cortés, Manuel Freer, Patricia Segovia, Katia Arguedas, Salvador Arley

Ante la prolongada interrupción del curso lectivo del presente año 2018, la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana, siente la necesidad y ejerce su derecho ciudadano de expresar su preocupación por los perjuicios que esta suspensión conlleva para los estudiantes.

En el ejercicio de nuestra función, siempre nos ha movido el deseo de que los muchachos cuenten con una infraestructura apropiada, funcionando en óptimas condiciones, en procura de apoyar un proceso educativo que ha aspirado siempre a la excelencia y a una visión del conocimiento global, solidaria y en concordancia con los requerimientos tecnológicos y ambientales actuales.

A pesar de la ausencia de lecciones en el Colegio, hemos continuado con nuestra labor, pero lo sentimos como un esfuerzo inútil. La misión que se nos encomendó como Junta, en este momento ha perdido su finalidad. ¿De qué sirven las instalaciones y el equipo en una institución con sus puertas cerradas?

No está de más recordar que la interrupción del curso lectivo lesiona irremediablemente varios derechos esenciales de la población estudiantil. Desde la Constitución Política de nuestra nación ya está establecida la obligatoriedad de la educación general y básica (Artículo 78), obligación que se refuerza además en el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde se especifica que el acceso a la enseñanza es una obligación gratuita y que es un derecho que debe respetarse. (Artículo 59)

Los estudiantes siguen acumulando semanas y semanas sin clases. ¿Qué valor transmite este hecho a los jóvenes sobre el resguardo y respeto de los derechos fundamentales de los individuos? ¿Cómo podrán competir en el mercado laboral local e internacional con una preparación académica incompleta por los inevitables “vacíos” que las clases faltantes traerán como consecuencia?

 Ya es hora de pensar en todos esos jóvenes y en la cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos económicos que han invertido con el ánimo de alcanzar sus metas profesionales. Por eso, y haciendo ejercicio de nuestro derecho ciudadano, instamos a las instancias involucradas a recapacitar.

Como costarricenses y como parte de la Junta Administrativa, nos sentimos en la obligación de señalar esta grave situación y sus consecuencias. Somos facilitadores para lograr que los recursos existentes por ley para la administración de la educación en nuestro país, rindan los mejores beneficios; sin estudiantes, es imposible lograrlo. Como ciudadanos de Costa Rica, nos sentimos esperanzados en que la responsabilidad y la mística se abrirán espacio, y se logre rescatar la posibilidad de otorgarles un mejor presente y futuro a nuestros jóvenes y a nuestro país.