PANI y políticas de niñez y adolescencia: ¿solo poner "curitas" o apostar por cambios más estructurales?

En la actual coyuntura del PANI y de las políticas de niñez y adolescencia se suele poner el énfasis casi exclusivamente en la atención casuística reactiva, como si toda la problemática se pudiera reducir a una cuestión de denuncias de maltratos y de la velocidad y contundencia de las respuestas a las primeras. Como si se tratara de una cuestión de "crimen y castigo" o "falta y sanción", algunos parecen creer que el único rol del Estado para atender denuncias de violencia infantil es de carácter represivo (sanciones, institucionalización, judicialización, penalización). Pero, ¿es esta la única respuesta posible a la problemática?, ¿funciona esta clase de respuesta?

En el fondo, esta visión represiva del Estado suele poner atención solo a las manifestaciones y consecuencias del problema, sin siquiera preguntarse por sus causas y la eficacia de la acción. Se cae, con mucha frecuencia, en una visión policial del Estado que lo reduce a ser supervisor, vigilante y castigador de la gente. Es una visión del Estado que lo entiende como una especie de "big brother". Pero por más afianzada y extendida que esté, tal visión castigadora ha sido demostrada como ineficaz por la evidencia científica, y más temprano que tarde nos revienta en la cara, y suele ser hasta ese momento de crisis en donde la sociedad reacciona pidiendo "cambios".

Nuestras cárceles están abarrotadas, implicando esto un enorme costo social y un gigantesco desperdicio de talento y potencial humano, a sabiendas de que lejos de rehabilitar, lo que la cárcel suele lograr es degradar. Aunque parezca increíble, a muchos no les interesa bajar la probabilidad de que la gente delinca, pues lo único que desean es venganza y castigo. Creo que no hemos logrado comprender la sabiduría de quienes nos enseñaron que si educamos bien al niño y al joven, después no tendremos que castigar al adulto.

Costa Rica creó, desde 1998, un Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI) de niños, niñas y adolescentes, el cual implica a las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, las familias y a los propios niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, pese al gran potencial del SNPI, todavía no ha entrado a funcionar plenamente, debido a una serie de obstáculos identificados en un estudio realizado en 2015 por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la UNA, el cual fue presentado a los diputados y a las autoridades del ejecutivo desde la administración pasada, pero no ha logrado obtener respuesta, siendo que en este estudio se identificaron con detalle las reformas legales necesarias para echar a andar el SNPI.

Es fundamental que el país comprenda que el cuido, la crianza, la educación, la protección y el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes requiere de toda la sociedad, y el SNPI bien reformado y manejado brindaría una estructura de apoyo excelente para lograrlo. Es necesario que los diputados, especialmente los de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, retomen y valoren esta propuesta.

Como bien lo dice un adagio popular: "hace falta todo un pueblo para criar a un niño", y es cierto, el ser humano nace como el más dependiente de todos los mamíferos y las familias necesitan apoyo en esta difícil tarea. El potencial humano es enorme, pero requiere formación y orientación apropiada en un sinnúmero de aspectos, por lo cual la organización social a gran y pequeña escala es necesaria, y el SNPI puede contribuir mucho al respecto. Ojalá nuestros gobernantes sepan aprovechar la gran oportunidad que la actual coyuntura ofrece.

Pablo Chaverri, académico