País apuesta a inversionistas, rentistas y pensionados extranjeros para reactivar economía

Que inversores, pensionados y rentistas extranjeros se establezcan en Costa Rica, es el objetivo de un proyecto de ley que podría aprobarse esta semana, en su primer debate.

Para la categoría de inversionistas, estos deberán inyectar inicialmente $150 mil, como mínimo, en bienes inscribibles, bienes inmuebles, valores, proyectos productivos o de interés nacional.

Esto incluye también a inversionistas de fondos de capital de riesgo o de proyectos de infraestructura turística sostenible.

Se determinó este monto comparando las condiciones de entrada de capital en otros países competidores como Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, detalló María Inés Solís, diputada socialcristiana y una de las proponentes del plan.

A cambio de que inviertan, tanto ellos como los pensionados gozarán de incentivos fiscales, es decir, no pagarán impuestos por traer al país sus bienes, instrumentos para trabajar e incluso la importación de un vehículo.

Lea más: Menores tarifas de electricidad y agua es la nueva propuesta para reactivar turismo

“Es una estrategia de atracción de inversiones muy común en otras latitudes y consiste en poner condiciones atractivas para que eventualmente esas personas permanezcan en el país. Costa Rica rentabiliza, vía consumo, todas las exenciones de impuestos que la ley dispone”, explicó Daniel Suchar, analista independiente.

Los beneficios que la iniciativa estipula se mantienen por cinco años a partir de la publicación de la ley, con la opción de prorrogarse hasta una década.

Para mantener los beneficios, no es necesario que la persona demuestre la permanencia de un mínimo de días en el país; sin embargo, perder su estatus migratorio de rentista, pensionado o inversionista, lo despojaría de los incentivos.

Lea más: Nómadas digitales de Estados Unidos, Chile y Portugal destacan las ventajas de trabajar desde Costa Rica

Por otra parte, el proyecto es visto con recelo por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), debido a que no prohíbe el traspaso de dinero en efectivo y no establece las contramedidas para determinar y garantizar que los bienes que ingresen al país proceden de una actividad real y legítima, se consigna en un oficio emitido por el órgano estatal.

“La posición del ICD es muy respetable y ha sido valiosa para la discusión del proyecto de ley. No obstante, consideramos que se ha trabajado un texto balanceado, que procura crear las condiciones de seguridad jurídica necesarias para la atracción de inversionistas, residentes pensionados y residentes rentistas, como acción puntual para la reactivación económica, post pandemia”, dijo Silvia Hernández, legisladora de Liberación Nacional y otra de las promotoras de la iniciativa.

Al respecto, Solís fue enfática que el texto mantiene inalterable los mecanismos de control de Costa Rica sobre el lavado de dinero.

“No comparto la preocupación del ICD, porque Costa Rica es blanco del lavado de dinero independientemente de una nueva legislación. No podemos decir que con las exoneraciones automáticamente vamos a traer grupos criminales organizados con maletas llenas de dinero”, afirmó la congresista.

Otras preocupaciones sobre el proyecto derivan del Ministerio de Hacienda, ya que considera que el rango de inversionista es muy amplio y los beneficios deberían circunscribirse a residentes pensionados o residentes rentistas, para que se excluyan los que pertenecen al Régimen de Zona Franca.

Asimismo, teme que se den abusos en la reposición de bienes o vehículos por robo o destrucción total, mecanismo que deberá pulirse vía reglamento.

“El concepto de inversionista, residente rentista, o residente pensionado no es nuevo. Es importante tener muy presente que estas son condiciones migratorias que ya están contenidas en la Ley de Migración y Extranjería y sus reglamentos”, justificó Hernández.

Otra preocupación de Hacienda, fue la figura de “residentes fiscales”, pero, según las diputadas proponentes, ya fue subsanada en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Pese a dichas inquietudes, el proyecto tendría un efecto positivo sobre las finanzas del país, reconoce Hacienda.

“Los recursos que se pretenden atraer de personas inversionistas, rentistas y pensionados extranjeros, según la iniciativa en análisis en este documento, podría contribuir a la reactivación económica (…)”, concluye un oficio emitido por el erario.