Pagos tardíos del Estado desangran la Caja
Gabriela Masis gmasis@larepublica.net | Lunes 04 abril, 2011
Estado paga por atención a indigentes, inmigrantes, niños y adolescentes sin seguro, pero con retraso y sin intereses
Pagos tardíos del Estado desangran la Caja
Jerarcas de la institución le condonaron parte de la deuda y dieron plazo de 13 años para cancelar con bonos
Miles de asegurados enfrentan todos los días las carencias y problemas de la seguridad social, mientras la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social condonó al Estado parte de la deuda.
A 2007, lo adeudado llegó a casi ¢620 mil millones, pero los jerarcas de la institución decidieron ajustarla con un cambio en el método para calcular los gastos que el gobierno cubre por atención a distintos grupos sociales.
La revisión de algunos rubros redujo el monto a pagar, y la diferencia se cancelaría sin intereses y en bonos a un plazo de 13 años.
Dicho ajuste se hizo sobre ¢344 mil millones, que corresponde solo a la deuda del gobierno central.
Algunas de las decisiones que permitieron la conciliación fueron tomadas en sesiones celebradas en 2007, siendo Eduardo Doryan presidente ejecutivo de la Caja.
En la actualidad, de acuerdo con una auditoría interna, el gobierno tiene una deuda con la institución por ¢375 mil millones. El saldo ya refleja un retraso en el pago del nuevo compromiso adquirido tras el arreglo.
Las cargas generadas antes de 2007 fueron por impago de una serie de compromisos adquiridos por el Estado para la atención de indigentes, niños y adolescentes no asegurados, a inmigrantes, de la cuota como patrón y por subsidios concedidos mediante convenios suscritos por sectores sociales.
Uno de los convenios fue con la Unión Nacional de Pequeños Agricultores, a cuyos miembros se les concede un subsidio para el pago de la cuota obrero patronal.
El seguro a la población indigente también lo asume el Estado. Dicho cobro se hace con base en estimaciones anuales de acuerdo con la metodología vigente y es aprobada por las autoridades superiores del Seguro y del Ministerio de Trabajo, aclaró Iván Guardia, director contable de la Caja.
Parte de las condonaciones se hizo a instancia de los responsables de la obligación, como es la cobertura del seguro para familias de muy bajos recursos.
La suma original adeudada por ese concepto era de ¢250 mil millones, y como consecuencia de las revisiones se redujo a ¢105 mil millones.
“Esto fue una concesión, una decisión política”, comentó Mario Devandas, economista, a quien la semana pasada la directiva de la Caja invitó a formar parte de la junta de notables para investigar las finanzas.
Igualmente, fueron revaloradas las deudas generadas por atención a niños y adolescentes no asegurados y los montos que el Fondo de Asignaciones Familiares debía pagar.
“Arreglos de ese tipo hacen perder dinero y ello resta la posibilidad de prestar mejores servicios”, argumentó Guido Miranda, quien fue presidente de la Caja por ocho años consecutivos.
Las finanzas también son golpeadas por el aumento progresivo del seguro voluntario solicitado por extranjeros y con el cual cubren a toda la familia.
“La Caja va a quebrar en un mes”, sentenció Alberto Cañas, ex presidente de la directiva de esta institución.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net
Pagos tardíos del Estado desangran la Caja
Jerarcas de la institución le condonaron parte de la deuda y dieron plazo de 13 años para cancelar con bonos
A 2007, lo adeudado llegó a casi ¢620 mil millones, pero los jerarcas de la institución decidieron ajustarla con un cambio en el método para calcular los gastos que el gobierno cubre por atención a distintos grupos sociales.
La revisión de algunos rubros redujo el monto a pagar, y la diferencia se cancelaría sin intereses y en bonos a un plazo de 13 años.
Dicho ajuste se hizo sobre ¢344 mil millones, que corresponde solo a la deuda del gobierno central.
Algunas de las decisiones que permitieron la conciliación fueron tomadas en sesiones celebradas en 2007, siendo Eduardo Doryan presidente ejecutivo de la Caja.
En la actualidad, de acuerdo con una auditoría interna, el gobierno tiene una deuda con la institución por ¢375 mil millones. El saldo ya refleja un retraso en el pago del nuevo compromiso adquirido tras el arreglo.
Las cargas generadas antes de 2007 fueron por impago de una serie de compromisos adquiridos por el Estado para la atención de indigentes, niños y adolescentes no asegurados, a inmigrantes, de la cuota como patrón y por subsidios concedidos mediante convenios suscritos por sectores sociales.
Uno de los convenios fue con la Unión Nacional de Pequeños Agricultores, a cuyos miembros se les concede un subsidio para el pago de la cuota obrero patronal.
El seguro a la población indigente también lo asume el Estado. Dicho cobro se hace con base en estimaciones anuales de acuerdo con la metodología vigente y es aprobada por las autoridades superiores del Seguro y del Ministerio de Trabajo, aclaró Iván Guardia, director contable de la Caja.
Parte de las condonaciones se hizo a instancia de los responsables de la obligación, como es la cobertura del seguro para familias de muy bajos recursos.
La suma original adeudada por ese concepto era de ¢250 mil millones, y como consecuencia de las revisiones se redujo a ¢105 mil millones.
“Esto fue una concesión, una decisión política”, comentó Mario Devandas, economista, a quien la semana pasada la directiva de la Caja invitó a formar parte de la junta de notables para investigar las finanzas.
Igualmente, fueron revaloradas las deudas generadas por atención a niños y adolescentes no asegurados y los montos que el Fondo de Asignaciones Familiares debía pagar.
“Arreglos de ese tipo hacen perder dinero y ello resta la posibilidad de prestar mejores servicios”, argumentó Guido Miranda, quien fue presidente de la Caja por ocho años consecutivos.
Las finanzas también son golpeadas por el aumento progresivo del seguro voluntario solicitado por extranjeros y con el cual cubren a toda la familia.
“La Caja va a quebrar en un mes”, sentenció Alberto Cañas, ex presidente de la directiva de esta institución.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net