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Miércoles 30 Noviembre, 2011

Otros problemas del paquete tributario

Hay tres aspectos que se están contemplando en la mal llamada Ley de Solidaridad Tributaria, que de aprobarse tal como están en las normas que se analizan en La Asamblea Legislativa, van a incidir en:

1. Los Fondos de Inversión Inmobiliarios.
2. La capacidad de endeudamiento de las empresas.
3. El modelo de libre empresa con que operamos en este país.

Los Fondos de Inversión Inmobiliarios representan (al 15 de noviembre 2011) la suma de ¢473.457,1 millones, esto es, el 32,33% del total de los activos que resguarda la SUGEVAL, fondos que generan en dólares un rendimiento de un 7% (más o menos), pero que, de pasar este paquete fiscal, quedarían percibiendo cerca del 3%. Es decir, con este rendimiento, presumo, tendería a desincentivarse esta figura de ahorro.
Lo curioso es que siendo SUGEVAL una dependencia que en teoría depende del Banco Central, pareciera que más bien lo fuera del Gobierno Central, pues a la fecha, a pesar de la seriedad de la problemática que se generaría, no se ha referido al tema.
Uno se pregunta, ¿cómo es que sí le exige a los Administradores de Fondos, en ocasiones hasta la sinrazón, en términos de “costo-beneficio”, con tal de evitar o minimizar riesgos menores hacia los inversionistas, y en esta ocasión, que se atenta contra la figura como tal, no dice nada?
Por otra parte, se está contemplando en este proyecto que no sean deducibles los intereses (Art 8 bis LIR) cuando estos excedan el 40% de la deuda que los genera, esta limitación no se requerirá cuando el saldo promedio anual de las deudas sea inferior al triple del saldo promedio anual de capital. En otras palabras, se va a exigir que prácticamente el Patrimonio de la empresa deba ser superior o muy cercano al 25% del total de los Activos.
Esto limitará necesariamente a los nuevos emprendedores, los cuales es usual que comiencen con las “uñas”, es decir con altos niveles de endeudamiento para iniciarse. El problema es que en toda economía dinámica, si no se le da cabida a los pequeños emprendedores, lo más seguro es que esta tenderá a estancarse.
Y por último, cuando se analiza (Art 11 LIV), el paquete propone darle potestades a la Administración Tributaria, para que con tal de que cobre el impuesto de ventas o IVA, a nivel de fábricas, mayoristas y aduanas, esta “determine la base de cálculo de la base imponible” y así poder ordenar la recaudación del impuesto como tal. Esto lo llevaría a cabo con base en estudios que se realicen a las empresas líderes en el mercado de los respectivos productos.
Esto limitaría, una vez más, la incorporación de nuevos competidores en el mercado y con ello se atentaría contra la libre empresa. Estoy seguro de que a futuro, estrategias de mercadeo quedarán limitadas, o políticas de precios de introducción de competidores también, entre otras muchas cosas.
Destaco estos aspectos, consternado y preocupado por el hecho de que ninguna de las cámaras empresariales lo ha hecho notar aún. Con este paquete de impuestos está en juego el eventual futuro empresarial e industrial del país y por otro lado, no se hace prácticamente nada por racionalizar el gasto.

Randall Castro Vargas
Economista