Enviar
Río San Juan es una de las seis posibles rutas para unir el Caribe con el Pacífico
Ortega recibe aval para canal

Proyecto debe estar terminado en un plazo máximo de diez años y costará $30 mil millones

El presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, dispone del aval de su Congreso para construir un canal interoceánico, por donde buques de grandes dimensiones puedan comunicarse entre el Caribe y el Pacífico del país vecino del norte.
El proyecto que tiene como fecha máxima de cumplimiento diez años y un costo de $30 mil millones, fue aprobado ayer por 86 de los 88 diputados presentes.
La iniciativa de ley, que es calificada como “histórica” por legisladores nicaragüenses, establece que el canal será una empresa mixta, en la que el Estado será dueño del 51% de las acciones y ganancias, y el restante 49% será ofrecido a inversionistas.
El gobierno de Ortega busca que naciones como Japón, China, Rusia, Venezuela, Brasil y Corea del Sur financien las obras.
De momento, se desconoce cuál será la ruta del canal, pues se valoran seis alternativas diferentes. No obstante, la intención del vecino país del norte es que los buques se comuniquen entre ambos océanos a través del río San Juan.
Este proyecto fue aprobado por el Plenario nicaragüense, en menos de un mes, tomando en cuenta que la iniciativa fue enviada el pasado 5 de junio.
Desde entonces, Enrique Castillo, canciller nacional, envió una misiva a su homólogo Samuel Coronel, en Managua, solicitando información sobre ese proyecto, ya que Nicaragua debe pedirle su opinión acerca de la futura construcción de la vía interoceánica, pues podría afectar derechos costarricenses.
Entre tanto, el canal nicaragüense podría estar parcialmente construido para 2019, año en que tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9% de la carga marítima mundial.
A 2025, el Canal podría recibir 573 millones de toneladas métricas, es decir un 4,5% de la carga marítima mundial.
Además, la zona de construcción del canal será declarada de “utilidad pública” y el Estado indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en un plazo no mayor de diez años, de común acuerdo entre las partes.

Natasha Cambronero y EFE
[email protected]


Ver comentarios