Opositores exigen garantías a Morales
| Viernes 03 octubre, 2008
Opositores exigen garantías a Morales
Diálogo entre sectores bolivianos en suspenso por desacuerdos
La Paz
EFE
El diálogo político sobre la crisis en Bolivia sigue ayer en suspenso por decisión de los opositores autonomistas, quienes exigen al presidente Evo Morales garantías para retomar las negociaciones.
Tras quince días de conversaciones y escasos avances, el llamado “diálogo nacional” está paralizado porque los opositores se niegan a seguir conversando en medio de lo que consideran un clima hostil y de persecución por parte del Gobierno hacia líderes y simpatizantes de la causa autonomista.
La detención en Tarija (sur) de un activista acusado de atentar contra un gasoducto durante las protestas de septiembre ha provocado la reacción de los líderes autonómicos, que según reiteraron ayer se sienten perseguidos y amenazados por el Gobierno.
Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y uno de los más duros opositores a Morales, acusó ayer al Gobierno de “atropellar el estado de derecho” por las recientes detenciones que ha llevado a cabo.
“Debemos preocuparnos por los que ya están arrestados (...) probablemente nos toque a otros más adelante”, llegó a decir Marinkovic.
Los opositores acusan además al Ejecutivo de incumplir uno de los compromisos del preacuerdo que dio paso a las negociaciones, relativo al cese de medidas de presión por ambas partes durante el proceso de diálogo.
Denuncian que, durante el diálogo, los movimientos sociales que apoyan a Morales han continuado con sus medidas de presión, como el cerco a la ciudad opositora de Santa Cruz o el anuncio de una marcha a La Paz a partir del 13 de octubre para exigir al Congreso la convocatoria del referendo constitucional.
Los prefectos (gobernadores) opositores también reprochan al Gobierno que haya continuado con sus campañas mediáticas, unas en favor del proyecto constitucional oficialista y otras en contra de los dirigentes autonomistas.
Así, las mesas de trabajo abiertas en la ciudad central de Cochabamba no funcionaron ayer por la ausencia de los opositores, que aguardan la “palabra oficial” y personal de Morales.
Si bien el presidente no se ha pronunciado aún sobre la decisión de los prefectos, varios ministros de su Gobierno insistieron ayer en los llamamientos para retomar el diálogo.
No obstante, el Gobierno defiende la actuación de la justicia contra los “actos terroristas” cometidos supuestamente por los opositores contra entidades e infraestructuras del Estado.
“Las acciones terroristas tienen que tener su canal y su conducto de tratamiento”, aseveró ayer el portavoz presidencial, Iván Canelas, quien lamentó la decisión unilateral adoptada por los prefectos y afirmó que el Gobierno no ha violado los acuerdos que dieron paso al diálogo.
Gobierno y opositores lograron sentarse en una misma mesa para dialogar el pasado 18 de septiembre, tras varias semanas de conflictividad y violencia en el país.
El capítulo más grave de la ola de violencia se produjo en la remota región amazónica de Pando, donde un choque armado entre autonomistas y campesinos oficialistas causó varios muertos, casi todos del segundo grupo, aunque la cifra exacta de fallecidos todavía no está aclarada.
Desde que se produjeron las muertes, el pasado 11 de septiembre, las cifras sobre fallecidos ha cambiado varias veces en los informes del Gobierno.
Han ido desde cálculos iniciales que hablaban de una treintena a 16 ó 18, mientras la prensa local los reduce a 13.
La violencia en Pando llevó al Gobierno a decretar el estado de sitio y a detener al entonces prefecto, el opositor Leopoldo Fernández, que se encuentra preso en un penal de La Paz y cuyos abogados presentarán una denuncia ante Amnistía Internacional por la presunta violación de sus derechos.
Además, las fuerzas de seguridad han detenido a otras 14 personas por su supuesta vinculación con los sucesos de Pando, que se encuentran confinadas en un recinto militar del departamento de La Paz.
La última detención, relacionada con las protestas autonomistas que se produjeron en el sur del país, es la del activista de Tarija acusado de atentar contra una instalación gasística, que ayer también fue recluido en una cárcel de La Paz.
Diálogo entre sectores bolivianos en suspenso por desacuerdos
La Paz
EFE
El diálogo político sobre la crisis en Bolivia sigue ayer en suspenso por decisión de los opositores autonomistas, quienes exigen al presidente Evo Morales garantías para retomar las negociaciones.
Tras quince días de conversaciones y escasos avances, el llamado “diálogo nacional” está paralizado porque los opositores se niegan a seguir conversando en medio de lo que consideran un clima hostil y de persecución por parte del Gobierno hacia líderes y simpatizantes de la causa autonomista.
La detención en Tarija (sur) de un activista acusado de atentar contra un gasoducto durante las protestas de septiembre ha provocado la reacción de los líderes autonómicos, que según reiteraron ayer se sienten perseguidos y amenazados por el Gobierno.
Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y uno de los más duros opositores a Morales, acusó ayer al Gobierno de “atropellar el estado de derecho” por las recientes detenciones que ha llevado a cabo.
“Debemos preocuparnos por los que ya están arrestados (...) probablemente nos toque a otros más adelante”, llegó a decir Marinkovic.
Los opositores acusan además al Ejecutivo de incumplir uno de los compromisos del preacuerdo que dio paso a las negociaciones, relativo al cese de medidas de presión por ambas partes durante el proceso de diálogo.
Denuncian que, durante el diálogo, los movimientos sociales que apoyan a Morales han continuado con sus medidas de presión, como el cerco a la ciudad opositora de Santa Cruz o el anuncio de una marcha a La Paz a partir del 13 de octubre para exigir al Congreso la convocatoria del referendo constitucional.
Los prefectos (gobernadores) opositores también reprochan al Gobierno que haya continuado con sus campañas mediáticas, unas en favor del proyecto constitucional oficialista y otras en contra de los dirigentes autonomistas.
Así, las mesas de trabajo abiertas en la ciudad central de Cochabamba no funcionaron ayer por la ausencia de los opositores, que aguardan la “palabra oficial” y personal de Morales.
Si bien el presidente no se ha pronunciado aún sobre la decisión de los prefectos, varios ministros de su Gobierno insistieron ayer en los llamamientos para retomar el diálogo.
No obstante, el Gobierno defiende la actuación de la justicia contra los “actos terroristas” cometidos supuestamente por los opositores contra entidades e infraestructuras del Estado.
“Las acciones terroristas tienen que tener su canal y su conducto de tratamiento”, aseveró ayer el portavoz presidencial, Iván Canelas, quien lamentó la decisión unilateral adoptada por los prefectos y afirmó que el Gobierno no ha violado los acuerdos que dieron paso al diálogo.
Gobierno y opositores lograron sentarse en una misma mesa para dialogar el pasado 18 de septiembre, tras varias semanas de conflictividad y violencia en el país.
El capítulo más grave de la ola de violencia se produjo en la remota región amazónica de Pando, donde un choque armado entre autonomistas y campesinos oficialistas causó varios muertos, casi todos del segundo grupo, aunque la cifra exacta de fallecidos todavía no está aclarada.
Desde que se produjeron las muertes, el pasado 11 de septiembre, las cifras sobre fallecidos ha cambiado varias veces en los informes del Gobierno.
Han ido desde cálculos iniciales que hablaban de una treintena a 16 ó 18, mientras la prensa local los reduce a 13.
La violencia en Pando llevó al Gobierno a decretar el estado de sitio y a detener al entonces prefecto, el opositor Leopoldo Fernández, que se encuentra preso en un penal de La Paz y cuyos abogados presentarán una denuncia ante Amnistía Internacional por la presunta violación de sus derechos.
Además, las fuerzas de seguridad han detenido a otras 14 personas por su supuesta vinculación con los sucesos de Pando, que se encuentran confinadas en un recinto militar del departamento de La Paz.
La última detención, relacionada con las protestas autonomistas que se produjeron en el sur del país, es la del activista de Tarija acusado de atentar contra una instalación gasística, que ayer también fue recluido en una cárcel de La Paz.