Operadoras encaran restricción para invertir
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 14 diciembre, 2009
Operadoras de pensión enfrentan nueva limitante para invertir
Cambio al Reglamento de Inversiones afecta a BCR Pensiones y a BN Vital de manera inmediata, ya que no podrán invertir sus aportes en fideicomisos estructurados por bancos del mismo grupo financiero
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Para nadie es un secreto que el país tiene pocas opciones para invertir y ahora se suma una nueva restricción: las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) no podrán colocar sus recursos en instrumentos de inversión que hayan sido desarrollados por el grupo financiero al cual pertenecen.
La medida impacta de manera inmediata a dos de las ocho OPC (BCR Pensiones y BN Vital) que prevalecen en el mercado, entidades que desde ya están negociando con las autoridades un programa para vender las operaciones que tienen invertidas en fideicomisos.
Extraoficialmente, se estima que ambas operadoras habrían inyectado unos $35 millones en su conjunto a los fideicomisos de Garabito —del Banco de Costa Rica—, y a los de Peñas Blancas y Cariblanco —del Banco Nacional—.
Como consecuencias inmediatas saltan dos preocupaciones para estas entidades. Una es que la obligación de venta de las inversiones actuales baje el valor de dichos valores en el mercado y que por ende genere una pérdida para el fondo de pensión, reconoció Danilo Ulate, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensión.
La segunda es la tarea de identificar una nueva opción para colocar esos recursos, tomando en cuenta que deberían ser instrumentos que cumplan con un rendimiento similar a los títulos de fideicomisos y una calidad de inversión destacada.
En el tema de precio, siempre que existe una obligación o urgencia por vender algo, el comprador tratará de aprovechar esa condición para bajar el valor ofertado.
“Esta reglamentación no solo implica la no participación en las nuevas emisiones que realizará el Banco Nacional, sino que también la normativa impacta en la venta de los títulos ya adquiridos. Sin embargo, este es un tema que está siendo tratado con el CONASSIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) para no afectar al afiliado”, aseveró Ernesto Hip, gerente de BN Vital.
Las autoridades, por el contrario, consideran que la reforma protegerá al inversionista frente a conflictos de intereses. Respecto al impacto que pudiera provocar en los fondos (por la obligación de vender las participaciones que tienen en fideicomisos), consideran que es viable diluirla en el tiempo para minimizar la eventual afectación.
“La reforma indica que deben presentar (las operadoras) un plan para reducir las inversiones que tienen en estos instrumentos. Si las venden en un plazo prolongado no vería presiones para que el precio de estas baje”, indicó Edgar Robles, superintendente interino de Pensiones.
Si se logra superar ese punto, la redirección de los dineros plantea el otro desafío, ya que las OPC tienen límites de colocación según el tipo de instrumento tanto en el mercado nacional, como en el exterior. Y es que los fideicomisos eran contabilizados como deuda privada, por eso pareciera que no será tarea fácil trasladar esta inversión a deuda pública, explicó Mauricio Rojas, gerente de BCR Pensiones.
En el mercado bursátil la medida tampoco es atractiva. A criterio de diferentes entidades que promueven figuras como fideicomisos o la concesión de obra pública como opciones de inversión, existen otros mecanismos viables para eliminar el conflicto de intereses diferentes a la prohibición que contempla la modificación del reglamento.
“El establecimiento de comités de inversión en los cuales no exista un conflicto de interés demostrado, e inclusive limitar el porcentaje que las OPC puedan invertir en estos instrumentos son medidas eficientes que podrían evitar ese conflicto, y no afectan a la incorporación de estas figuras en el portafolio de pensión de los afiliados”, expresó Damaris Ulate, directora de la Cámara de Emisores.
Incluso, como otra consecuencia surge el temor de enfrentar un desfinanciamiento de los fideicomisos, que a la fecha solo han sido impulsados por el BCR y BNCR, debido a que solo ellos tendrían de momento la estructura para llevar avante estos proyectos.
“La medida se puede entender cuando no existen otros parámetros de control. Creo que los fondos de pensión son muy necesarios para los fideicomisos, y si lo que quieren evitar es el conflicto de interés, sería mejor buscar otro mecanismo antes que limitar la opción de inversión”, puntualizó José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa Nacional de Valores.
Cambio al Reglamento de Inversiones afecta a BCR Pensiones y a BN Vital de manera inmediata, ya que no podrán invertir sus aportes en fideicomisos estructurados por bancos del mismo grupo financiero
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Para nadie es un secreto que el país tiene pocas opciones para invertir y ahora se suma una nueva restricción: las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC) no podrán colocar sus recursos en instrumentos de inversión que hayan sido desarrollados por el grupo financiero al cual pertenecen.La medida impacta de manera inmediata a dos de las ocho OPC (BCR Pensiones y BN Vital) que prevalecen en el mercado, entidades que desde ya están negociando con las autoridades un programa para vender las operaciones que tienen invertidas en fideicomisos.
Extraoficialmente, se estima que ambas operadoras habrían inyectado unos $35 millones en su conjunto a los fideicomisos de Garabito —del Banco de Costa Rica—, y a los de Peñas Blancas y Cariblanco —del Banco Nacional—.
Como consecuencias inmediatas saltan dos preocupaciones para estas entidades. Una es que la obligación de venta de las inversiones actuales baje el valor de dichos valores en el mercado y que por ende genere una pérdida para el fondo de pensión, reconoció Danilo Ulate, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensión.
La segunda es la tarea de identificar una nueva opción para colocar esos recursos, tomando en cuenta que deberían ser instrumentos que cumplan con un rendimiento similar a los títulos de fideicomisos y una calidad de inversión destacada.
En el tema de precio, siempre que existe una obligación o urgencia por vender algo, el comprador tratará de aprovechar esa condición para bajar el valor ofertado.
“Esta reglamentación no solo implica la no participación en las nuevas emisiones que realizará el Banco Nacional, sino que también la normativa impacta en la venta de los títulos ya adquiridos. Sin embargo, este es un tema que está siendo tratado con el CONASSIF (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) para no afectar al afiliado”, aseveró Ernesto Hip, gerente de BN Vital.
Las autoridades, por el contrario, consideran que la reforma protegerá al inversionista frente a conflictos de intereses. Respecto al impacto que pudiera provocar en los fondos (por la obligación de vender las participaciones que tienen en fideicomisos), consideran que es viable diluirla en el tiempo para minimizar la eventual afectación.
“La reforma indica que deben presentar (las operadoras) un plan para reducir las inversiones que tienen en estos instrumentos. Si las venden en un plazo prolongado no vería presiones para que el precio de estas baje”, indicó Edgar Robles, superintendente interino de Pensiones.
Si se logra superar ese punto, la redirección de los dineros plantea el otro desafío, ya que las OPC tienen límites de colocación según el tipo de instrumento tanto en el mercado nacional, como en el exterior. Y es que los fideicomisos eran contabilizados como deuda privada, por eso pareciera que no será tarea fácil trasladar esta inversión a deuda pública, explicó Mauricio Rojas, gerente de BCR Pensiones.
En el mercado bursátil la medida tampoco es atractiva. A criterio de diferentes entidades que promueven figuras como fideicomisos o la concesión de obra pública como opciones de inversión, existen otros mecanismos viables para eliminar el conflicto de intereses diferentes a la prohibición que contempla la modificación del reglamento.
“El establecimiento de comités de inversión en los cuales no exista un conflicto de interés demostrado, e inclusive limitar el porcentaje que las OPC puedan invertir en estos instrumentos son medidas eficientes que podrían evitar ese conflicto, y no afectan a la incorporación de estas figuras en el portafolio de pensión de los afiliados”, expresó Damaris Ulate, directora de la Cámara de Emisores.
Incluso, como otra consecuencia surge el temor de enfrentar un desfinanciamiento de los fideicomisos, que a la fecha solo han sido impulsados por el BCR y BNCR, debido a que solo ellos tendrían de momento la estructura para llevar avante estos proyectos.
“La medida se puede entender cuando no existen otros parámetros de control. Creo que los fondos de pensión son muy necesarios para los fideicomisos, y si lo que quieren evitar es el conflicto de interés, sería mejor buscar otro mecanismo antes que limitar la opción de inversión”, puntualizó José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa Nacional de Valores.