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ONU apoya cumplimiento de derechos indígenas

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El Sistema de la ONU en Costa Rica valoró hoy positivamente el diálogo que inició el Gobierno con los pueblos indígenas y una reforma educativa para preservar su identidad, y además lanzó una campaña para promover la defensa de los derechos de esa población.

Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en San José, indicó en un comunicado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se trata de un "avance significativo" la conformación de una mesa de diálogo entre Gobierno y grupos indígenas del sur del país, bajo el auspicio de la ONU y la Defensoría de los Habitantes.

Según Yasukawa, esa mesa de diálogo ha logrado avances respecto en temas como el amojonamiento de tierras, propuestas para el autogobierno de los territorios y posibilidades de inversión social.

Otro punto destacado por la ONU es la reforma a la educación indígena aprobada hace unas semanas que contempla el uso de los idiomas nativos, mecanismos de participación de los pueblos en las decisiones respecto a su propia educación y nuevas herramientas que buscan la preservación de su identidad y cultura.

La representante de la ONU indicó que en Costa Rica existen muchos retos para el cumplimiento de los derechos indígenas especialmente los relacionados a sus territorios y acceso a servicios.

En este sentido, la ONU anunció hoy una campaña bajo el lema "A mí sí me importa", la cual pretende promover los derechos de los pueblos indígenas por medio de mensajes en vídeo grabados por actrices, músicos, periodistas, activistas y funcionarios públicos del país.

Según datos oficiales, en Costa Rica habitan cerca de 104 mil indígenas, distribuidos en ocho grandes pueblos: Bribís, Cabécares, Malekus, Chorotegas, Huetares, Teribes, Bruncas y Ngäbe, en los cuales se registran altos niveles de pobreza.

Un proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas se encuentra en el Congreso desde hace 19 años sin que muestre avance.

Esta iniciativa busca dar mayor autonomía a los pueblos indígenas para la administración de sus tierras y el reconocimiento de sus juicios consuetudinarios como procedimientos compatibles con el ordenamiento jurídico del país.

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