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Ola criminal une a México

Oposición y oficialismo negocian posiciones ante la indignación popular producida por la violencia creciente

México
EFE

La escalada de violencia del crimen organizado en México ha obligado al oficialismo y a la oposición a negociar un plan de actuación, que será discutido hoy en un encuentro del Ejecutivo con los 32 estados, en medio de la indignación popular por el alza de asesinatos y secuestros.
La XXIII Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública será presidida en la capital mexicana por el gobernante del país, Felipe Calderón, flanqueado por los secretarios del área de seguridad y el Procurador (Fiscal) General de la República.
La novedad es que entre las autoridades regionales participantes se encuentra el jefe de gobierno del Distrito Federal, el izquierdista Marcelo Ebrard, que dice no reconocer al mandatario y que jamás se ha entrevistado con él desde que ambos asumieron el poder a finales de 2006.
La postura de Ebrard responde a la línea de su agrupación, el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), derrotado por una ínfima diferencia de votos en los comicios presidenciales de hace dos años por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), de Calderón, y que denunció un fraude electoral que nunca fue probado.
El alcalde capitalino estuvo ayer un poco más conciliador al afirmar que confía en que los participantes en la reunión sean “un poco autocríticos” y reconozcan los errores cometidos en materia de seguridad para trabajar a partir de ahora “de manera conjunta”.
Por su parte, el senador Manlio Fabio Beltrones, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), en declaraciones a la prensa, se mostró esperanzado en que este jueves se desprenda “una verdadera política integral que permita combatir efectivamente” el problema.
El gobernador del estado norteño de Sonora, Eduardo Bours, que ostenta la titularidad rotativa de la Confederación Nacional de Gobernadores, que se reunirá esta tarde, reclamó un diálogo “sin protagonismos y sin egos”.
Los asesinatos del crimen organizado han superado a mitad de agosto los registrados en todo 2007, según datos extraoficiales del diario El Universal.
Según el rotativo, los crímenes de esta clase ascienden a 2.752, cuando el año pasado fueron 2.700.
De ellos, más de un tercio tuvo lugar en el estado norteño de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos y una de las zonas, junto con Sinaloa, disputadas por los carteles del narcotráfico para comercializar drogas al país norteamericano.
La saña de las mafias criminales en Chihuahua quedó de manifiesto el pasado sábado en Creel, una pequeña población turística, donde un grupo de hombres armados mató a tiros a catorce personas que asistían a una fiesta familiar.
El domingo, un tiroteo en una boda en Sinaloa dejó un saldo de tres muertos y el lunes fue asesinado en su casa de Ciudad Juárez (Chihuauhua) el campeón nacional de Supercross, junto a otros dos pilotos.
Ese día, el gobernador de Chihuahua solicitó a Calderón “repensar y relanzar” su plan contra el crimen organizado, más espectacular que efectivo, porque no ha extirpado la impunidad y la corrupción, según los analistas, al haberse centrado en operaciones en las calles y pocas acciones de inteligencia.
Entre las víctimas de los sicarios del narcotráfico, muchas de las cuales aparecen envueltas en bolsas, decapitadas o con mensajes de amenaza, no han faltado los menores de edad, cuyas muertes se estiman en varias decenas.
Precisamente el reciente secuestro y asesinato del adolescente Fernando Martí, hijo de un prominente empresario, parece haber detonado la reacción de la sociedad y la clase política.
“Ha sido un catalizador de la angustia social derivada del estado de indefensión en el cual se encuentra la sociedad mexicana como resultado de la violenta anarquía que padece”, indicó al respecto el columnista de Reforma Modesto Suárez.
El hartazgo ciudadano por la violencia en el país quedará de manifiesto el próximo 30 de agosto, cuando miles de ciudadanos participen en varias marchas contra la inseguridad convocadas de forma espontánea en el Distrito Federal y 17 estados del país.
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