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Oficinas de Globovisión fueron atacadas
Organizaciones de prensa y partidos políticos expresan preocupación por cierre de radioemisoras en Venezuela

Bogotá
EFE

Organizaciones de periodistas y partidos políticos expresaron ayer su preocupación por la situación de los medios de comunicación en Venezuela, a causa de la no renovación de licencias a emisoras, el acoso de grupos afines al Gobierno y un proyecto de ley de delitos mediáticos.
Estas nuevas reacciones coincidieron con un atentado sufrido por el canal privado Globovisión, que dejó al menos dos heridos, y con manifestaciones en Caracas de periodistas de radios que quedaron fuera del aire este fin de semana por decisión del Gobierno.
El Instituto Internacional de Prensa (IPI) denunció ayer que el proyecto de ley de delitos mediáticos presentado la semana pasada a la Asamblea Nacional por la Fiscalía venezolana “parece ser parte de una más amplía represión contra los medios”.
Contra esa propuesta legal, que prevé penas de cárcel de hasta cuatro años para periodistas que “dañen los intereses del Estado”, “provoquen el pánico” o “perturben la paz social”, se pronunciaron ya la Sociedad Interamericana de Prensa, la Organización Internacional de Radiodifusión, Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch, entre otros.
Michael Kudlak, subdirector del IPI, solicitó a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, que rechace “rotundamente” la propuesta de la fiscal Luisa Ortega, que, a su juicio, es “otro paso en la dirección equivocada” del Gobierno de Chávez.
El IPI recordó que docenas de emisoras de radio están viendo cómo sus licencias son canceladas y que el presidente Hugo Chávez ha amenazado con cerrar el canal televisivo opositor Globovisión.
Al menos dos personas, un trabajador de Globovisión y un policía, resultaron heridas ayer cuando un grupo armado que ingresó a la fuerza a la sede caraqueña del canal, al que acusó de practicar “terrorismo mediático”, arrojó dos bombas lacrimógenas.
El personal del canal responsabilizó, apoyado por imágenes de vídeo, al grupo “chavista” Unión Patriótica Venezolana (UPV).


Ley en estudio
Caracas
AFP

La Comisión de medios del Parlamento venezolano comenzará el hoy a analizar la polémica propuesta de ley de delitos mediáticos, coincidiendo con la revocación de la licencia a más de 30 radios, hechos considerados “trágicos” para la libertad de expresión por muchos periodistas.
“Desde el martes comenzaremos a analizar. Vamos a tratar de dar aportes a esta propuesta de manera que refleje lo más fielmente posible la realidad y la situación mediática”, explicó a la AFP la diputada Rosario Pacheco, presidenta de la Comisión de medios de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Según la responsable, para que la propuesta que está sobre la mesa se convierta en proyecto de ley debe dársele “más cuerpo” y “más calor de pueblo”.
Por ello y en palabras de Pacheco, los diputados podrían llevar este anteproyecto a consulta en las calles para conocer la opinión ciudadana antes de someterlo a primera lectura en la Asamblea nacional.
Este anteproyecto, calificado por muchos de “ley mordaza”, fue presentado la semana pasada a los parlamentarios por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien consideró necesario “poner límites a la libertad de expresión”.
“La mera presentación, la sola mención de la ley de delitos mediáticos, tiene un efecto intimidatorio inmediato”, declaró Carlos Correa, director de la organización de defensa de la libertad de expresión, Espacio Público.
Según el borrador del proyecto de ley, se considera delito mediático la publicación de una información “falsa”, “manipulada” o “tergiversada”, que cause “perjuicio a los intereses del Estado” o atente contra la “moral pública” o la “salud mental”. Si una persona es declarada culpable podría pasar hasta cuatro años en la cárcel.
“El proyecto político del presidente (Hugo) Chávez no es compatible con la libertad de expresión y se está actuando en consecuencia. La semana pasada fue trágica para la libertad de expresión en Venezuela”, declaró Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Sin embargo, para la ministra de la Información, Blanca Eeckhout, esta ley es algo “necesario” y no tiene relación con la censura.
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