Obra pública: mitos y realidades

Otro ámbito de la obra pública que está plagado de mitos —algunos de ellos peligrosos, como veremos— es el relacionado con su financiamiento.

Es frecuente escuchar —tanto de políticos como de autoridades gubernamentales— que el financiamiento de la inversión pública no es un problema, pues localmente abundan los recursos. Esta aseveración suele terminar citando las importantes sumas de dinero que administran los fondos de pensiones.

Quienes sostienen esta tesis piensan que los recursos de los trabajadores deberían dedicarse a financiar obras que ayuden al crecimiento y al desarrollo económico, como infraestructura, por ejemplo.

Ciertamente los fondos de pensiones, dentro de una adecuada gestión de portafolio y de riesgo, pueden invertir parte de los recursos de sus afiliados en instrumentos relacionados con el financiamiento de obra pública.

Este tipo de inversiones, además de ser generalmente más rentables, porque implican más riesgos, permiten diversificar el portafolio y finalmente redundan en mejores pensiones para los trabajadores.

Sin embargo, el peligro surge cuando se cree que —de manera arbitraria— en lugar de crear el espacio de incentivos para que se desarrolle un sano esquema de financiamiento de la inversión pública, una ley o una decisión administrativa puede obligar a que los fondos jubilatorios dediquen porciones de su cartera más allá de las prudentes a este tipo de inversiones.

En estos casos, el resultado termina siendo exponer las futuras jubilaciones a riesgos innecesarios y probablemente implicando además, pensiones más bajas en el futuro.

El otro mito en relación con los montos que administran los fondos previsionales es que se trata de recursos ociosos, casi asimilables a una cuenta corriente en un banco comercial. La realidad, en el caso costarricense, es otra. Una muy alta porción de los saldos gestionados ya están dedicados a financiar el déficit del Gobierno Central.

Esto significa fundamentalmente que, si se desea recurrir exclusivamente al ahorro interno para la construcción de infraestructura, lo primero que debería procurarse es corregir el desequilibrio de las finanzas gubernamentales, por lo menos en la dirección de generar un ahorro corriente de una magnitud suficiente como para financiar una porción elevada del gasto de capital.

Hacerlo de otro modo, por ejemplo, sin considerar que buena parte del ahorro nacional ya está financiando el déficit público —no para financiar la inversión, sino que peor aún, para cubrir un desequilibrio creado por el exceso de gasto corriente— terminaría llevando a tasas de interés más altas, con el consecuente efecto negativo sobre las actividades productivas.

Nuevamente países que han implementado buenas políticas públicas en el ámbito de la obra pública y su financiamiento pueden iluminar nuestro camino. Además de planificación de largo plazo y buena gobernanza y gestión de los proyectos, es necesario crear instrumentos y mecanismos de financiamiento transparentes, simples, acordes con las realidades de los mercados de capitales y atractivos para una amplia gama de inversionistas, no solo locales, sino que además internacionales, pues el ahorro externo sin duda sería de gran ayuda, especialmente si lo atraemos para que nos proporcione recursos que redundarían en mejoras en la productividad y el bienestar de los ciudadanos.

José Luis Arce