Quien encabeza el Ejecutivo fungió como Vicepresidente, Ministra de Seguridad, Diputada y se nos presentó en campaña como experta en la materia de seguridad. No es atendible señalar a terceros por errores propios

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O nos habla claro, o renuncie…

Cuando salió a la luz pública que la Presidente de la República había salido en un vuelo privado, con miembros de su gabinete y personas de confianza, sin haberlo informado al Congreso —tal y como lo manda la Constitución— y que incluso la Cancillería ignoraba lo que sucedía, tuve un mal presentimiento.
El paso de las horas y los días confirmaron esa sensación inicial. Las informaciones que ha ido presentando una prensa acuciosa, han dejado en evidencia serias contradicciones con las versiones oficiales de lo acontecido.
Los nublados del día no se han aclarado. Un viaje furtivo, cual aventura de colegiales, nos ha golpeado a todos y está dejando maltrecho el nombre de Costa Rica a nivel internacional.
Luego del reciente anuncio presidencial de un “mutuo acuerdo” que no existía, la nación nuevamente tuvo altas expectativas que no se llegaron a satisfacer al escuchar a la Presidente.
No hubo una explicación clara del porqué de las actuaciones. La sensación general fue que se utilizaron chivos expiatorios, se sacrificaron mandos medios, para expiar culpas.
El hecho de que renunciara el Ministro de Comunicación no es un acto significativo, mucho menos cuando las explicaciones de dicho funcionario generan más dudas que respuestas.
Revelan una situación que raya en lo irregular: Solicitud de favores de parte del estado, a través de funcionarios en ejercicio, a empresas nacionales y extranjeras.
Práctica que parece reñir con disposiciones de ley que sancionan ese tipo de conductas.
Los hechos revelados nos dejan con preguntas sin responder, en particular cuando quien encabeza el Ejecutivo fungió como Vicepresidente, Ministra de Seguridad, Diputada y se nos presentó en campaña como experta en la materia de seguridad. No es atendible señalar a terceros por errores propios.
No debe olvidar la Presidente que rendir cuentas es una obligación de los funcionarios públicos, no es un favor que se nos hace a los administrados.
Si quien ejerce la Primera Magistratura no comprende uno de los principios fundamentales del servicio público, la rendición de cuentas por sus actos u omisiones, haría un favor a la institucionalidad de la nación en hacerse a un lado y permitir a quien le corresponda sucederle, que asuma responsabilidades que parecen estarse dejando de lado.

Luis Alejandro Álvarez Mora
Abogado