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Miércoles, 2 de diciembre de 2020



COLUMNISTAS


O la solución es institucional o es más bien un problema

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 19 octubre, 2020


Todos lo sabemos y lo sufrimos: están amenazadas nuestra paz y nuestro bienestar. A la crisis fiscal que venimos arrastrando, a la economía cada año menos pujante que experimentamos, a los altos niveles de pobreza, desempleo e informalidad que sufrimos se unió primero la crisis sanitaria del COVID-19 y ahora los bloqueos ilegales. El déficit fiscal se ha disparado a más del 9%, la deuda del gobierno será superior al 70% del PIB a finales de este año, el desempleo es mayor al 23% y la pobreza creció muchísimo y afecta al 30% de las personas.

Urge atender la situación fiscal ante la pérdida de ingresos tributarios de este año y las nuevas demandas en salud y para socorro a las familias afectadas por la recesión económica, antes de que el desorbitado crecimiento de la deuda y el costo de atenderla conduzca a una profunda crisis financiera que agrave el empobrecimiento y haga más difícil la recuperación económica.

Este sombrío panorama se oscurece aún más por las condiciones políticas que vivimos. Un gobierno con muy bajo apoyo legislativo y muy débil ante la opinión pública, partidos políticos fragmentados con escaza visión nacional, grupos de interés exaltados y concentrados en la defensa de sus más inmediatos y exclusivos intereses, ciudadanos que vivimos con miedo a la enfermedad, a la muerte, a lo desconocido, al futuro incierto; y vivimos rabiando y frustrados por el costo del empobrecimiento y de las medidas necesarias para enfrentar esta dura mezcla de adversidades.

Los Presidentes de la República y de la Asamblea Legislativa convocaron a una mesa de diálogo que fracasa, por la rigidez de sus normas y por la falta de discusión sobre sus procedimientos. Las reglas de ese diálogo establecieron que sus resoluciones serían obligatorias para el Poder Ejecutivo y que se acuerdan por simple mayoría, lo que torna fundamental el peso de las diversas representaciones. Algunos invitados se niegan a participar, en vez de buscar solución a esos procedimientos.

Urge atender el desbalance fiscal y encaminarnos a El Gran Reinicio. ¿Cómo lograrlo?

Primero. La solución solo puede ser institucional. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben asumir sus responsabilidades.

Ellos detentan por voluntad del pueblo el poder y a ellos corresponde constitucionalmente adoptar las soluciones. El tema fiscal se debe tratar donde corresponde, en la Asamblea Legislativa. El gobierno debe revisar su propuesta que recibió el rechazo de tirios y troyanos y presentarla al Congreso, más balanceada entre medidas de restructuración para acelerar el crecimiento y medidas coyunturales para consolidación fiscal; más equilibrada entre aumentos temporales de impuestos, mejor cobro de estos y venta de entes públicos por una parte y reducción de gastos por restructuración del gobierno por otra parte; y más gradual. En la Asamblea Legislativa es donde institucionalmente esa propuesta debe ser transparentemente estudiada y acordada por una comisión mixta que incluya unos pocos especialistas y representantes de trabajadores y patronos. Este camino aceleraría la solución, y durante su discusión en Comisión se pueden tomar en cuenta aportes relevantes de la sociedad civil que se puedan producir.

Segundo. Ciudadanos y grupos podemos y debemos expresar opiniones, conocimientos y defender intereses, pero respetando la institucionalidad.

Bienvenidos los aportes de un sector, una persona, o un conjunto de diversos intereses que quieran cooperar en la construcción de alternativas realistas, con base científica y empírica, que tenga méritos técnicos para atender los problemas fiscales, sociales y de producción. Pero se debe respetar la institucionalidad. Si grupos de diversos sectores se organizan para promover acuerdos sobre estos temas -como el promovido por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular- e invitan al gobierno a participar, sería conveniente que lo haga como observador para aprender de los planteamientos que allí se den, y que se puedan incorporar a la discusión parlamentaria.

Ningún ciudadano ni ninguna organización de la sociedad civil puede atribuirse competencias que no le corresponden. Hacerlo atenta contra la institucionalidad y lejos de contribuir a solucionar los problemas, los agrava.

Tercero. Todos debemos defender la institucionalidad, la democracia y los derechos de todos los ciudadanos y se deben deponer las acciones de protesta ilegales.

Es deber y responsabilidad de todos defender la institucionalidad democrática, el estado de derecho, la libertad y todos los derechos humanos de los ciudadanos. Los poderes públicos deben ser respetados, la policía merece nuestro aprecio y apoyo, los bloqueos de carreteras y servicios públicos no deben permitirse. La violencia y la ilegalidad no resuelven los problemas, sino más bien los acrecientan, y solo conducen a más violencia y empobrecimiento.

Cuarto. El gobierno puede acelerar la recuperación de su prestigio si se reorganiza.

En un sistema parlamentario una crisis de confianza puede resolverse mediante una reorganización del gabinete. No tenemos un gobierno ni siquiera semi parlamentario, pero tenemos una dispersión de fuerzas políticas que obliga a buscar soluciones no típicas en nuestra historia. Si los ministros patrióticamente entregan su renuncia al Presidente Alvarado, lo liberan para que integre un equipo de gobierno con participación de una mayoría de las representaciones en la Asamblea Legislativa, apoyada por sus respectivos partidos políticos, lo que le permitiría terminar exitosamente su gobierno enfrentando sin remilgos los problemas del país.

Quinto. Esencial para lograr el restablecimiento de la institucionalidad del país es que los partidos de oposición actúen patrióticamente.

Es momento de pensar en el país.

Mi propuesta de llevar ya este tema a la Asamblea Legislativa, que ciertamente oí hace unos días expresar a don Mario Redondo, podría parecer contradictoria con mi llamado a la Concertación Nacional durante la campaña del 97-98 y durante mi gobierno. Pero no lo es. Las circunstancias son muy distintas.

En aquella ocasión se trataba de armar una visión de futuro más ampliamente compartida al inicio de un gobierno, y respecto a cambios que considerábamos muy importantes para crecer aún más aceleradamente, cuando la situación fiscal no era apremiante, la pobreza, el desempleo y la informalidad eran menores y no crecían. No había apremio por superar una grave crisis ni de evitar otra peor.

Hoy nos urge actuar patrióticamente.

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