Nuevos impuestos: progresividad sin excusas

Nuevos impuestos: progresividad sin excusas

El Poder Ejecutivo presentó una nueva versión del paquete tributario (Economía, 22/6/2011). La propuesta es mejor que la anterior, ya que incorpora algunas de las observaciones hechas por organizaciones sociales, productivas y políticas, como el Partido Acción Ciudadana (PAC). Sin embargo, falta muchísimo para que podamos considerarla una reforma fiscal progresiva.

El déficit fiscal supera el 5% del Producto Interno Bruto el más alto de América Latina, lo que afecta la estabilidad y el crecimiento de la economía en el mediano y en el largo plazo. Somos conscientes de la situación y queremos avanzar hacia un sistema de recaudación más justo y eficiente, pero eso no significa que nuestros votos estén comprometidos.

El problema fiscal responde no solo a la crisis económica y a las conocidas deficiencias en nuestro sistema de recaudación, sino a los yerros del pasado reciente, cuando en lugar de reactivar la economía para enfrentar la recesión, se optó por ofrecer excusas y promover medidas clientelistas con propósitos electorales.

En campaña, el PAC presentó a los costarricenses un plan de trabajo realista, honesto y responsable, con iniciativas para mejorar la recaudación de los tributos, introducir prácticas de evaluación participativa de los gastos del Gobierno, eliminar los gastos superfluos y crear instancias judiciales para canalizar los cobros tributarios.

Por lo anterior, sufrimos una gran decepción a inicios de año cuando el Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”.

El primer análisis reveló la verdadera naturaleza del proyecto. Se trataba simplemente de un parche fiscal sin objetivos de largo plazo. La propuesta contenía medidas regresivas que afectarían, principalmente, a la clase media y a los sectores populares. Hemos advertido que la reforma tributaria que requiere Costa Rica no puede limitarse al aumento de impuestos.

El PAC inició, entonces, un proceso abierto y transparente de consulta, diálogo y reflexión con diversos sectores, como cámaras empresariales, organizaciones de trabajadores y colegios profesionales. Los insumos y las sugerencias de estos actores nos ayudaron a identificar los principios y las acciones mínimas y necesarias, a las que llamamos “llaves”, para avanzar hacia una reforma fiscal justa y sostenible.

Anunciamos que la posibilidad de dar nuestros votos pasa, necesariamente, por los compromisos de austeridad, sana administración y justa distribución de los recursos que asuma el Gobierno. Insistiremos en el cobro de la renta mundial y la renta global, así como en la protección del acceso, mediante exoneraciones fiscales, a servicios y necesidades de primer orden como la educación, la salud, la seguridad, el agua y la canasta básica alimentaria.

Pedimos atacar la evasión fiscal fortaleciendo la administración tributaria y mejorando los sistemas de cobro, regulando y fiscalizando las exoneraciones existentes.

Oportunamente, sugerimos al Poder Ejecutivo separar el proyecto de ley en varias iniciativas, con el objetivo de centrar la discusión en temas específicos, darles mayor viabilidad a las reformas y definir con gradualidad los niveles que debe alcanzar la carga tributaria. Solicitamos también un presupuesto extraordinario para reducir de forma tácita los gastos innecesarios de 2011, sin afectar los programas sociales.

Al margen de la estrategia del Gobierno, en el PAC abrimos de nuevo los canales de consulta e intercambio con la sociedad civil, y seguimos estudiando el texto para señalar los vacíos y presentar las propuestas de cambio pertinentes. Sin progresividad, sin eficiencia, tanto en el cobro como en el gasto, y mientras no exista garantía de que los nuevos recursos serán utilizados para atender los programas sociales y no en gastos superfluos, no habrá más impuestos, al menos, no con nuestro apoyo.

María Jeannette Ruiz Delgado

mjruiz@asamblea.go.cr