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Cambio de reglas delimitará relaciones entre trabajadores y administración a partir del 28 de febrero
Nueva convención colectiva agita a Japdeva
• Propuesta permite que procesos administrativos y de contratación no sean consultados con el sindicato
• Autoridades portuarias aseguran que antes de que finalice este gobierno los puertos limonenses estarán concesionados


Carlos J. Mora
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Cuando la marea pareciera estar tranquila, de un pronto a otro sube el nivel del agua y todo se agita en cuestión de minutos.
Nuevamente las relaciones entre el Gobierno y el sindicato de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) vuelven a estar tensas.
La nueva convención colectiva que regirá a partir del próximo 28 de febrero sería el punto de discordia entre los muelleros y el Gobierno, pues a pesar de que el nuevo marco regulatorio les garantiza a los primeros seguir ostentando las mismas partidas económicas, ya el sindicato no tendrá voz ni voto en los procesos administrativos, como lo son compra de equipo y contrataciones.
El 30 de noviembre venció el plazo para que la administración de Japdeva y el sindicato presentaran ante el Ministerio de Trabajo una propuesta para reemplazar la convención colectiva actual que caduca el 31 de diciembre. Sin embargo, solo la administración lo hizo; de este modo la propuesta que regirá será la del Gobierno.
“Estamos actuando a derecho, si las partes no hubieran denunciado esta convención colectiva, la misma se hubiera prorrogado dos años más, pero nosotros la denunciamos e hicimos una nueva propuesta, pues siempre hemos asegurado que la actual convención es una coadministración que tiene a la gestión amarrada totalmente”, dijo Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de Japdeva.
LA REPUBLICA intentó conocer la versión de Ronaldo Blear, secretario general del sindicato de Japdeva, sin embargo no respondió los mensajes dejados en su casillero de voz. No obstante, semanas atrás Blear aseguró que el sindicato “no iba a permitir ningún atropello a la convención ni a sus derechos laborales”, y que para ello recurriría a “medidas de presión fuertes”.
En lo que respecta a la concesión del nuevo puerto en Moín por una inversión de $812 millones, se está en la etapa de corrección del cartel de licitación, con base en las observaciones de la Contraloría General de la República y de las firmas interesadas en asumir el proyecto.
“Esto se trata de una intimidación más del gobierno parar tratar de poner el puerto de Limón en manos privadas”, afirmó Leroy Pérez, secretario de prensa del sindicato de Japdeva.
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