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Lunes 15 Marzo, 2010

Nuestros exportadores merecen una legislación moderna

La Costa Rica de 1853 nos evoca a un poblado cuyo desarrollo comercial era acorde con la época. Una Costa Rica dependiente del cultivo y la exportación del café. Una Costa Rica sin tecnología ni infraestructura portuaria significativa.
En ese país de mediados del siglo XIX se puso en vigencia el Libro III del Código de Comercio que actualmente, a más de 150 años, rige el comercio marítimo. El 80% del transporte de mercancías en el mundo se realiza vía marítima y nuestros exportadores dependen de ese servicio, por ende, nuestra economía también.
Al contratar con transportistas marítimos, los exportadores se encuentran ante la problemática de quedar sujetos a regulaciones extranjeras incluidas mediante cláusulas adhesivas en los conocimientos de embarque, pagando litigios onerosos para luchar por sus intereses y, en caso que tuvieran la suerte de lograr aplicación de la ley costarricense, se ven sujetos a una normativa tan anticuada que ya no es capaz de proteger los intereses del más débil, al no contemplar la realidad actual y diferentes etapas del comercio internacional, ni los encadenamientos del transporte internacional de mercancías.
Los conflictos con las navieras en el itinerario de nuestros exportadores están a la orden del día. De igual forma los reclamos a las grandes aseguradoras del mundo. A su vez los litigios surgen entre las navieras y las aseguradoras por negocios realizados en nuestro país. Frente al panorama actual, gozamos de una legislación totalmente obsoleta, donde se hace realidad aquella frase de Novoa Monreal mediante la cual ve al derecho como “un obstáculo al cambio social”.
En nuestra legislación los embargos preventivos se ejecutan con un depósito previo del 25% de lo reclamado; mientras que en Panamá, por ejemplo, esta medida cautelar o bien llamada en ese país como el “secuestro de buque” se logra con tan solo un aporte de $3.500. Lo que provoca que nuestros exportadores tengan que recurrir a la normativa panameña en busca de la justicia que en su país les es negada por falta de una normativa moderna.
Los avances obtenidos con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros en poco, o nada, benefician al sector exportador, pues no se cuenta con una Ley del Contrato de Seguro (aún en proyecto legislativo) y, sobre todo, con un ordenamiento jurídico que regulen el transporte y los seguros marítimos, de manera amplia y concisa, con la incorporación de una concepción del denominado transporte intermodal y multimodal.
Necesitamos una regulación con referencia expresa a normas que protejan los intereses de un país exportador como el nuestro y por supuesto, procurando una sinergia integral y total, que contemple no solo la normativa aduanera, sino la tributaria, de seguros, de comercio, procesal, constitucional y, por supuesto, la civil.
El desafío para la nueva Asamblea Legislativa es grande, el reto para los nuevos diputados es importante y el sueño de una legislación razonable, justa y moderna para nuestros exportadores merece cumplirse después de una larga espera de 157 años.

Natalia Tacsan
Abogada experta en derecho marítimo
[email protected]

Boris Molina
Abogado experto en derecho de seguros
[email protected]