Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

Enviar
Jueves 28 Enero, 2010


De cal y de arena
Nuestra apopléjica democracia

Concluye este proceso electoral en una penosa demostración del grave deterioro que sufre nuestra democracia. No por la represión de la libertad electoral ejecutada mediante la manipulación del padrón ni por la persecución de la disidencia callejera a punta de cincha ni por la censura de la libertad de expresión. Lo que está ocurriendo exhibe a la democracia costarricense en condición apopléjica desde que el proceso electoral perdió los atributos indispensables para garantizar que la concurrencia de los partidos políticos a la justa, se produzca con la eficiente y enérgica tutela del Estado sobre el marco institucional requerido para que haya igualdad en el acceso a las reglas de juego.
Una de las herramientas claves —los dineros del Estado provistos para dar presencia vital a los partidos— ha quedado reducida a mera expresión simbólica, desde que los banqueros se apropian de la facultad de decidir a quién, por cuánto y en qué condiciones se le dan los fondos públicos provistos no para lucrar sino para oxigenar la democracia.
Las providencias para erradicar capitales negros de la campaña electoral y para prohibir aportaciones de gran tamaño que suelen estar encadenadas a condiciones e influencias, se convirtieron en inspiraciones líricas.
La orgía de dinero ha roto con todo sentido de equidad en la participación y ha encontrado indecoroso eco en los medios de comunicación social que han impuesto tarifas y requisitos incosteables para el grueso de los partidos que han resultado ser las víctimas de las encuestas de opinión realizadas a gusto y sabor de parte interesada.
Y por si fuera poca la desgracia, los resultados de esas mismas encuestas sirven de hoja de parra para los atropellos a la democracia electoral que se cometen en sede bancaria con los fondos del Estado autorizados para la campaña política.

También está apopléjica nuestra democracia por la actitud de la mayoría de los medios de comunicación —muchos de ellos integrantes de poderosas cadenas propiedad de uno o unos pocos empresarios que también influyen en las políticas públicas— que se atribuyen potestades para dosificar espacios, entrevistas e invitaciones, generalmente con sentido excluyente para los contestatarios del statu-quo.
Así, hay partidos invisibilizados no por el Estado pero sí por su incuria ante los atropellos que se cometen con bienes —las frecuencias de radio y televisión— que son suyos.
Y para que no falten las demoníacas asechanzas, el TSE (hoy con el bien ganado mote de Tribunal Supino de Elecciones) elimina el dedo pulgar para expresar la voluntad en la papeleta y lo sustituye por el bolígrafo, hace renuncia de la atribución constitucional que le manda escrutar los votos y la delega en las Juntas Receptoras, para goce de los malandrines que lleguen a aprovechar la ausencia de frenos y contrapesos.

Si por algo va a pasar a la historia esta campaña electoral no es precisamente por sus virtudes sino por el cúmulo de aberraciones, deformaciones y prácticas de mala ley que anida para desgracia de la proclama de que la Soberanía reside exclusivamente en la Nación.