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Según el Henley Private Wealth Migration Report 2025, más de 142.000 millonarios se espera que se relocalicen a nivel global este año. Esa cifra no responde a modas ni a simples preferencias de estilo de vida. Refleja algo más profundo: una reconfiguración estructural de dónde el patrimonio quiere vivir, operar y protegerse.
Costa Rica, como es de esperarse, destaca claramente en ese proceso.
Los datos de flujos de riqueza por país de Henley ubican a Costa Rica entre los destinos más atractivos de América Latina para la migración de patrimonio privado, con entradas consistentes impulsadas por su estabilidad jurídica, un sistema de imposición territorial, calidad de vida y marcos de residencia claros y definidos.
Con tal componente global en mente es improtante diseñar políticas públicas y legislación para aumentar el número de personas que estamos atrayendo y tener objetivos claros y medibles en lo que podamos triplicar la cantidad de personas de alto poder adquisitivo que estamos atrayendo, dado el beenficio que genera en el país. La administración de doña Laura Fernández inicia su gestión con una mayoría simple en la Asamblea Legislativa que, sin ser absoluta, sí le permite impulsar reformas legales ordinarias sin mayor complicación. Esto abre un espacio interesante para revisar políticas públicas que llevan años funcionando sin una evaluación profunda, entre ellas, la política migratoria.
En esta serie de columnas propongo algunas ideas para una eventual modernización del régimen migratorio costarricense. No desde una lógica ideológica, sino desde una perspectiva práctica: qué tipo de migrantes estamos atrayendo, con qué reglas y con qué efectos económicos y sociales.
Antes de entrar en una reforma legislativa, conviene reconocer el problema de fondo: en Costa Rica no existen consecuencias reales por no regularizar la situación migratoria. Esto ha normalizado la figura del “turista perpetuo”, personas que viven en el país por años, incluso décadas, entrando y saliendo sin orden migratorio alguno. La facilidad de reingreso, los plazos amplios de permanencia y la ausencia práctica de sanciones hacen que regularizarse no sea un incentivo, sino una molestia innecesaria. La discrecionalidad ocasional del oficial migratorio no sustituye una norma clara ni corrige el abuso estructural del sistema.
Este portillo puede cerrarse sin pasar por la Asamblea Legislativa, mediante una reforma reglamentaria de la DGME. Bastaría con reducir el plazo máximo de estadía como turista y limitar los días anuales acumulados, obligando a quien quiera permanecer más tiempo a optar por una categoría migratoria formal. Complementariamente, sí resulta razonable revisar el régimen sancionatorio para que la permanencia irregular tenga consecuencias efectivas (un régimen sancionatorio de multas efectivo y proporcional, impedimento de entradas, límites anuales de visitas). No se trata de cerrar el país, sino de ordenar la casa, corregir una distorsión que hoy afecta comunidades, mercados locales y la credibilidad del sistema migratorio, y establecer reglas más justas para quienes sí cumplen.
Aclarado lo anterior, comienzo por un aspecto específico: las categorías migratorias dirigidas a personas con capacidad económica, los llamados migrantes de capital. Es decir que queda por fuera del alcance de esta columna evaluar los migrantes de conocimientos (profesionales independientes y bajo bajo dependencia, así como los que vienen con empresas bajo el esquema de Zona Franca - COMEX); migrantes por vínculos familiares (matrimonio, parentesco con costarricense); y por razones humanitarias (ápatridas, asilos, refugiados, categorías especiales). Este artículo lo divido en estas secciones:
1. Movernos hacia un sistema con criterios homogéneos
2. El caso de los pensionados y el impacto en los servicios públicos
3. Uniformizar las categorías de residencias de capital, y reformas subsidiarias para eliminar los “border run”
4. Tarifas gubernamentales y tiempos de respuesta a las solicitudes de migración
5. Migración y mercado inmobiliario
6. Conclusión
1. Movernos hacia un sistema con criterios homogéneos
Actualmente, Costa Rica ofrece varias categorías para este perfil:
- Inversionistas, con una inversión mínima de USD 150.000 (y un aumento previsto a USD 200.000). Se permite que inviertan en vehículos, inmuebles, acciones, títulos valores, proyectos de interés público, así como en bonos forestales entre otros.
- Rentistas, personas con ingresos pasivos de USD 2.500 mensuales garantizados por los próximos dos años. Las rentas pueden provenir del sistema nacional o del exterior demostrando que se trata de rentas pasivas y no de salarios.
- Pensionados, con una pensión mínima de USD 1.000 o USD12,000 anuales.
- Nómadas digitales, o personas con trabajos en el exterior que pueden trabajar remotamente, con ingresos de USD 3.000 individuales o USD 4.000 por grupo familiar.
La existencia de estas categorías es algo excelente y valioso que se regule pues atrae a muchas personas que quieren vivir y establecerse en el país dejando rutas claras para aplicar a la respectiva categoría. Además vale la pena destacar el excelente trabajo de la Dirección General de Migración y Extranjería que resuelve miles de casos por años de una forma profesional, dedicada y ágil, contando con recurso humano de primer nivel que hace una labor maratonica con tantas aplicaciones que han aumentado de una manera increible, pues Costa Rica es un país que atrae a personas todo el tiempo.
Mi observación sobre estas categorías radica en que se establecen umbrales económicos que son muy distintos entre sí y no parecen responder a una lógica común sobre el perfil migratorio que se desea atraer.
Esto invita a una primera reflexión: ¿existe hoy una política homogenea con un objetivo claro sobre migrantes de capital (migrantes de plata pues) o más bien se trata de una una acumulación de decisiones parciales tomadas en distintos momentos históricos que vale la pena revisitar y relanzar?
2. El caso de los pensionados y el impacto en los servicios públicos
La categoría de pensionados merece una consideración particular. El ingreso mínimo exigido actualmente, USD 1.000 mensuales o USD 12.000 anuales, equivale a un nivel de ingresos que, según los parámetros del U.S. Census Bureau, se sitúa por debajo del umbral de pobreza en Estados Unidos, fijado en alrededor de USD 15.650 anuales para una persona. A ello se suma que dicho monto resulta limitado frente al costo de vida en Costa Rica y frente al uso potencial de los servicios públicos, en especial los servicios de salud, a los que todo residente tiene acceso una vez afiliado a la CCSS. Además, por disposición legal, los residentes temporales bajo esta categoría tienen prohibido trabajar en el país, lo que plantea una interrogante legítima desde la perspectiva de política pública: ¿es razonable asumir que una persona puede sostener una vida digna y financieramente viable en Costa Rica con ingresos de USD 1.000 mensuales, sin generar presiones adicionales sobre el sistema social?
No se trata de descalificar a quienes desean retirarse en Costa Rica, sino de evaluar si el diseño actual es sostenible en el tiempo. : ¿estamos equilibrando adecuadamente los beneficios económicos con los costos que asume el sistema social? ¿Estamos creando una ecuación donde el costo en servicios puede superar el aporte económico? Este tipo de preguntas no buscan excluir, sino ordenar. Costa Rica ya tiene presiones fiscales, presión sobre infraestructura y presión sobre servicios públicos ¿Podrá sostener más presión? ¿O valdria la pena simplemente cambiar un poco estas reglas que tienen más de una década?
Lo cierto es que Costa Rica ha dejado de ser “retirement heaven” barato desde hace mucho. No es barato para locales, mucho menos lo será para retirados.
3. Uniformizar las categorías de residencias de capital, y reformas subsidiarias para eliminar los “border run”
Mi tesis es sencilla: si vamos a tener categorías de capital, entonces que sean de verdad de capital. Que atraiga a ese monton de multimillonarios que andan buscando nuevos horizontes (ver Henley Private Wealth Migration Report).
Una posible línea de reforma es la de:
- Uniformizar los requisitos económicos entre las distintas categorías que se enfoquen en flujos (rentistas, nómadas digitales y pensionados) pasen a un monto annual uniforme de USD$75,000 anuales.
- Aumentar el monto mínimo para inversionistas, para que sea USD$500.000.
- Crear una categoría adicional denominada “Golden Visa” (O la “Visa Jaguar”) en la que el Gobierno establezca una tarifa administrativa especial sustancial de unos USD250,000.00 para recibir una residencia permanente expedita con plazos claros y definidos que hagan que el trámite sea atractivo (30 días máximo por ejemplo), sujeta al cumplimiento estricto de los requisitos y políticas de la DGME.
- Estos fondos pueden servir para ayuda social, contratar más personal para apoyar áreas que requieren ayuda, generar incentivos a los empleados de la Dirección General de Migración y Extranjería o bien pueden destinarlos para otros fines.
- Cabe aclarar que el pago no sería garantía de aprobación, sino que se trataría de una categoría migratoria adicional que deberá asegurar que cumpla con los requisitos y políticas de la honorable DGME, como por ejemplo, estar libre antecedente penales.
- La implementación de una categoría de esta naturaleza requeriría, en todo caso, una definición técnica cuidadosa por parte de la DGME, garantizando la integridad del sistema migratorio y la seguridad jurídica.
¿Por qué esos números? El de los invesionistas me lo inventé pero es un monto que me parece razonable en contraste a los USD$150,000 que actualmente se piden; pero el número de 75,000 anuales no es antojadizo, es un número que según autores especialista detrás de la ciencia de la felicidad (Paul Dolan, Christian Krekel, entre otros) sostienen que con ese número se llega a un estado de bienestar subjetivo casi que óptimo. En todo caso es solo una propuesta y entiendo que pueden haber otras razones numericas que hagan más sentido, o bien existir una especie de estudio más reflectivo que invite a colocar otra cifra inferior o menor.
En todo caso, esas úmbrales atraeran personas con capacidad real de consumo, inversión, pago de servicios, contratación local y estabilidad económica. Esto sin duda libera los servicios públicos, y por ende, libera de presión al Estado. En todo caso, cualquier reforma de este tipo debería, por supuesto, respetar situaciones jurídicas ya consolidadas y establecer reglas de transición razonables.
Además esta reforma debe traer necesariamente una serie de reformas subsidiarias:
- Poner un monto fijo razonable que deben pagar para seguridad social (incluso se puede generar diferentes coberturas dependiendo el monto que aporten); o bien dejarlos por fuera del sistema de salud nacional; o que tengan que pagar por servicios en lugar de tener una cobertura generalizada.
- Cambiar el número de días máximo que pueden permenancer en el país por año (máximo 90 días, en contraste con 180 días) limitando la cantidad de entradas y salidas que puede tener en un año, con el fin de desincentivar prácticas informales como el uso reiterado del estatus de turista (“Border Runs”)
4. Tarifas y tiempos de respuesta
En materia de costos administrativos, hoy existen diferencias relevantes entre categorías: los nómadas pagan USD$100 y los residentes USD$250. Además que se paga USD$11,30 por usar la plataforma digital (tan valiosa que es). Yo creo que podría considerarse una tarifa estándar para las residencias vinculadas a migración de capital, por ejemplo, USD500-1000 por solicitud y que con estos montos puedan generar programas de incentivos salariales para los empleados de la institución para generar incentivos de responder más casos, o bien utilizarlos para programas de bienestar social.
Adicionalmente, podría explorarse un sistema opcional de tramitación acelerada, mediante un pago adicional (de unos USD$2,000 digamos) que no garantice aprobación, pero sí una respuesta en un plazo determinado tan rápido como 30 semana. Este tipo de mecanismos ya existe en otros sistemas migratorios y puede contribuir a reducir rezagos y mejorar la planificación administrativa. En Estados Unidos existe el Premium Processing para ciertas solicitudes, con plazos de 30-45 días según la categoría migratoria, y con tarifas que han estado alrededor de USD 1.780 a USD 2.965.
El desafío sería asegurar que este esquema no genere privilegios indebidos, sino que permita generar recursos frescos para inyectar de nuevo capital a la DGME que tanto bien hacen para el país. Estos recursos puede utilizarlos para sus programas sociales, así como para mejoras generales en la gestión migratoria o bien para lo que tengan a bien en utilizar.
5. Migración y mercado inmobiliario
Con frecuencia, el debate sobre migración se vincula al fenómeno de la gentrificación y la gentrificación es un fenomeno real que existe producto tanto de migrantes de capital, como por migrantes sin capital. Esto lo dejo como una idea abierta para el debate pues no todos opinarán lo mismo, y tengo claro que atraer a personas de alto capital puede desencadenar un problema de subida precios generalizada; pero también creo que eliminar los incentivos perversos para el turista perpetuo, así como hacer menos accesibiles las categorías migratorias pueden lograr reducir la cantidad de migrantes y por ende la demanda de servicios. se trata de una serie de ideas, que merece la pena estudiar, y por supuesto que los actores encargados de concretar ideas como estas, se verán mejor nutridas en caso de incluir académicos de las mejores universidades del país, así como líderes de las zonas costeras que suelen ser más afectados por dicho fenomeno. Yo creo que de manera general una reforma como la que planteo de alguna manera reducirá la cantidad de migrantes que viene al país y que de cierta forma puede mejorar el fenomeno mencionado.
6. Conclusión
La política migratoria también es una política económica. Definir con uniformidad los requisitos para las categorías de migrantes de capital permitiría al país ordenar su sistema, hacerlo más coherente y alinearlo mejor con sus capacidades fiscales y sociales.
Esta es solo una primera aproximación. En próximas entregas abordaré otros aspectos del régimen migratorio que merecen revisión, como el uso prolongado del estatus de turista y los mecanismos de regularización.
Porque más allá de posturas a favor o en contra, Costa Rica necesita una conversación serena sobre qué tipo de migración quiere fomentar y con qué reglas.
