"No se puede deslegitimar a la Procuraduría"

Gilberth Calderón, procurador de la Etica, acepta que existan diferencias; pero no, cuestionar el informe

“No se puede deslegitimar a la Procuraduría”

Organo debe ser fortalecido, aunque legislación no puede ser refutada

Gilberth Calderón, procurador de la Etica defiende el informe que emitió contra el vicepresidente Luis Liberman, Leonardo Garnier, ministro de Educación, y otras dos funcionarias por las cartas a favor de la empresa Procesos.

Consciente de que no es dueño de la verdad absoluta, admite que pueden existir diferencias de criterio, pero no que se pongan en entredicho las potestades del órgano que representa.

No cree que sea necesario modificar la ley anticorrupción que ha cuestionado la presidenta Laura Chinchilla, pero sí cree que la Procuraduría debe ser fortalecida para girar informes vinculantes.

La Presidenta rechazó las recomendaciones, ¿qué opinión le merece?

La ley y la misma Sala IV han dicho que el papel de la Procuraduría es recibir una denuncia, hacer una investigación preliminar que concluye en un informe y comunicar ese informe al órgano competente de tomar una decisión final, ya sea sanción o no.

¿En ese caso se desacredita la labor de la Procuraduría?

Se actuó de una manera distinta, pero en este momento no me da para valorar si fue bien o mal.

¿Se desvaloró el informe?

Por la salud democrática, es importante que exista un órgano encargado de analizar la ética en el ejercicio de la función pública y de denunciar actos de corrupción. Lejos de demeritar la labor de la Procuraduría, deberíamos fortalecerla.

¿Se irrespetaron los criterios de la Procuraduría?

No es la primera vez que no se cumplen, en general en la administración pública muchos casos no son sancionados. Pero no nos parece conveniente que sin mayor análisis, algún órgano encargado de una sanción —en este caso la Presidenta—, lo deslegitime de primera mano. Es un informe de 33 páginas, acompañado de un expediente de dos tomos y de cuatro tomos de anexos de toda la investigación. Lo mínimo que amerita es una análisis del por qué nosotros llegamos a esa conclusión.

¿En este caso se deslegitimó el informe?

Tal vez sí hay una falta de coordinación, se dio un criterio a la prensa sin tenerlo por escrito.

¿No puede brindar otro informe?

No, ya hicimos una investigación preliminar, emitimos un informe final, ya fue comunicado al órgano competente, en este caso a la señora Presidenta, y la decisión que ellos tomen es la resolución final.

¿Liberman y Garnier merecen ser sancionados?

No es parte de nuestra labor decir eso, pero sí concluimos que hay inobservancia de directrices que impiden emitir cartas de recomendación, sí señalamos que hubo inobservancia de principios éticos. Las directrices lo dicen, no nosotros; quien violenta esa prohibición debe ser objeto de una sanción.

¿Se debe reformar a la Procuraduría de la Etica?

Si fuera necesario hacer alguna reforma, sería para fortalecerla, porque el marco jurídico con el que hemos venido trabajando es suficientemente claro y sólido. Desde 2006 hemos trabajado alrededor de 600 casos con estas mismas leyes, muchos han sido cuestionados ante la Sala IV una y otra vez, y siempre nos han dado la razón.

¿Es cuestionable la ley anticorrupción?

La Procuraduría no inventa principios éticos, aplica los que constan en las leyes; esos principios éticos están en normativas que todos los funcionarios deben conocer, nadie puede alegar ignorancia de la ley.

¿Los informes emitidos deben ser vinculantes?

Tenemos la experiencia de la Contraloría General, que no siendo un órgano jurisdiccional, realiza investigaciones, detecta faltas e impone sanciones. Pero claro, ellos pueden porque tienen los recursos materiales, humanos y jurídicos para hacerlo. Hoy con los recursos y facultades que nos otorga la ley, no es posible que nuestros informes sean vinculantes.

¿Entonces los informes que emiten ahora no son fidedignos en un 100%?

Hacemos un proceso similar al de la Fiscalía, hacemos una investigación previa que concluye con una acusación y esa acusación después se debate en un juicio. Nosotros hacemos una investigación y llegamos a un informe, que se le entrega al órgano competente.

¿El informe es un criterio, mas no la verdad absoluta?

Claro que sí, la verdad real tiene que determinarla la Presidenta de la República, porque así lo dice la ley.

Si los informes que se emiten no se cumplen, ¿para qué tenemos una Procuraduría de la Etica?

Debería ser una aspiración de todo costarricense contar con una Procuraduría de la Etica. No nos consideramos dueños de la verdad absoluta; pero de cuestionar la legitimidad de la Procuraduría como institución a diferir de los criterios técnicos, hay un margen un poco sensible. Se puede diferir con la Procuraduría, pero no deslegitimarla.

¿En este caso en particular se desacreditó?

Es una valoración que aún no he hecho, siento que en este momento están revueltas las aguas, no es una conclusión o una valoración que hemos hecho.

Se tilda a la Procuraduría de la Etica como inclinada hacia el PAC, ¿cuán cierta es esa afirmación?

Debo rechazar cualquier vinculación ideológica a cualquier partido político y resaltar la independencia de criterio con que trabaja la Procuraduría, todos somos funcionarios de mucha trayectoria.

¿Qué le parece que el Congreso esté paralizado por ese informe?

No tengo criterio para valorar como ejerce cada uno de los supremos poderes las responsabilidades que la ley les concede.

¿Se imaginó que iba a generar tal alboroto?

No, me imaginé que iba a ser un caso más, como los anteriores, jamás que iba a tener tanta trascendencia.

¿Este caso generaría un precedente para que no se acaten futuras recomendaciones?

Debería generar antecedentes para que los funcionarios sepan que no tienen que firmar cartas de recomendación, porque son prohibidas y que si bien es cierto, el sistema de contratación administrativa permite y exige acreditación de experiencia, son dos cosas muy distintas.

¿Cuántos informes no se cumplen?

En un 60% de los casos se toman en cuenta las recomendaciones dadas, pero en un 40% no.

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net