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Rodrigo Arias y otros poderosos actores políticos promueven reforma constitucional
No más ingobernabilidad…o al menos, menos
Parálisis política frena progreso

Existe un fuerte apoyo entre actores políticos de peso, incluidas algunas fracciones en el Congreso, para resolver la ingobernabilidad de este país, a través de una reforma a la Constitución.
Uno de los grupos que trabajan con más ahínco para presentar una propuesta es liderado por Rodrigo Arias, ex ministro de la Presidencia y aspirante a la presidencia por el Partido Liberación Nacional.
Entre quienes apoyan la iniciativa de desenredar la maraña gubernamental que tiene detenido el tren del desarrollo, se encuentran diputados de varias fracciones del Congreso, abogados constitucionalistas y líderes políticos.
Con un cambio de paradigma en la Carta Magna, se pretende modificar el sistema político, deslindar de una mejor manera las potestades de los poderes de la República y allanar el camino para las concesiones, entre las principales modificaciones.
“Es necesario buscar una mejor estructura organizativa y funcional, para solucionar la lentitud en la adopción y ejecución de decisiones cruciales en el país y de esta forma, rescatar el principio de autoridad y de acción del Poder Ejecutivo, dando énfasis a las áreas sensibles de fiscalización y control”, dijo Arias, quien aboga por una reforma profunda al plantear una serie de cambios puntuales.
Y es que las palabras de Arias no son lanzadas al aire así no más, pues a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de turno en los últimos 30 años, no ha sido posible concesionar los puertos de Moín, aprobar una reforma fiscal, construir las carreteras de San Ramón y San Carlos, edificar una nueva Asamblea Legislativa y una Casa Presidencial, abrir la competencia celular y ampliar la participación privada en la producción de energía, entre otros proyectos.
Asimismo, hay ejemplos de otras iniciativas vitales para Costa Rica, que solo vieron la luz tras un parto complicado de alto riesgo, como la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las concesiones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y la carretera hacia Caldera.
Mientras Costa Rica se duerme sobre los laureles, países como Panamá han tomado la ventaja en la región y ya se han convertido en el centro regional de negocios, atrayendo inversión, generando empleo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.
Solo para poner un par de ejemplos, el acuerdo comercial con Estados Unidos fue aprobado por el Congreso panameño en cuatro días, mientras que en nuestro país, se logró tras cuatro años de discusión y al final, tuvo que dirimirse por medio de un referéndum; asimismo, Panamá amplió la capacidad de sus puertos, el Canal, la infraestructura vial e invirtió en hospitales en los últimos cinco años, mientras que en Costa Rica, la concesión de los puertos de Moín está en punto muerto y la última gran obra de infraestructura inaugurada, ha sido sinónimo de polémica por sus visibles carencias.
De acuerdo con la última actualización anual del índice de competitividad hecha por el Banco Mundial, Panamá mejora su nivel al pasar del lugar 59 al 53, contrariamente Costa Rica pasó del 55 al 56, principalmente por su rezago en infraestructura.
“A mí me gusta la idea de una reforma constitucional integral y de esta forma, revalorar el papel de las instituciones y los poderes del Estado entre otras cosas, en vez de estar discutiendo cambios parciales que tal vez no es lo que se requiere”, expresó Carlos Góngora, diputado del Movimiento Libertario y especialista en temas constitucionales.
Sobre este tema, Abel Pacheco, ex presidente de la República, manifestó que es necesario hacer una reforma a la Constitución, sin embargo, indicó que se debe buscar el momento oportuno para evitar que un proyecto de esta naturaleza, se convierta más bien, en un obstáculo.
“En momentos en los que el país está endeudado, como lo está ahora, lo más conveniente es esperar para otra ocasión más oportuna y quedarnos con la Constitución que tenemos; no obstante, hay algunos aspectos de la Carta Magna que es necesario subsanar”, expresó Pacheco.
En caso de que los diputados decidan convocar a una constituyente, se debe tomar en cuenta que el país entraría en una especie de letargo mientras se redacta la nueva norma fundamental, ya que los diputados constituyentes —que se elegirían mediante el sufragio— estarían por encima de todos los poderes de la República, por lo que el Congreso, el Tribunal Supremo de Elecciones y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no podrían seguir laborando.
Este proceso duraría entre un año y un año y medio, por lo que reconocidos abogados constitucionalistas, apoyan mejor una propuesta profunda.
“La cantidad de reformas parciales presentadas por los diputados son una prueba de que es necesario hacer un cambio más profundo; sin embargo, ir a una constituyente sería mucho más complejo que impulsar, bajo el alero de un acuerdo nacional, una serie de reformas profundas”, manifestó Rubén Hernández, especialista en derecho constitucional.
Sin embargo, hay quienes consideran que el país ya ha alcanzado la madurez política para hacer un alto en el camino y modificar lo que sea necesario.
“Desde la administración anterior, nuestro partido viene abogando por un cambio total. Creemos que no se le deben poner más parches a la Constitución Política. En el pasado, siempre han salido voces contrarias a esta idea; sin embargo, nosotros pensamos que el país tiene la madurez política en estos momentos, para pensar en una asamblea constituyente”, expresó Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad sin Exclusión.



Esteban Arrieta
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