¿No a la reforma fiscal?

Ante el casi inminente triunfo de don Luis Guillermo Solís y su posterior ascensión a la Presidencia de la República se hace necesario revisar sus posiciones en relación con el déficit fiscal que amenaza la estabilidad de nuestro país. El mismo, para el año 2013, cerró en un 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y se estima que estará cerca del 6% del PIB para finales del año 2014.
Don Luis Guillermo hizo una promesa cuyos efectos podrían ser graves tomando en cuenta los datos anteriores ya que, según lo dicho por él, no impulsará una reforma fiscal durante los dos primeros años de su administración.
Parece entonces que no queda otra opción sino implementar una reducción drástica del gasto público, el cual en su mayoría, está compuesto por salarios y pensiones e intereses derivados del endeudamiento público. Lo anterior parece un reto muy difícil de cumplir o al menos es uno que no ha podido ser cumplido por las anteriores administraciones.
Ahora bien, la salud de las finanzas públicas debe reposar en dos pilares: racionalización del gasto público y estabilidad de los ingresos. Al renunciar a la opción de revisar el sistema tributario, don Luis Guillermo decidió poner todo el peso en la disminución de los gastos y es allí donde, en caso de acceder a la Presidencia, podría reconsiderar su posición.
Comprometerse públicamente a no impulsar una reforma fiscal quizás no era la forma de combatir las inquietudes iniciales de algunos sectores de la sociedad civil. Sobre todo, tomando en cuenta que en años anteriores dos proyectos de reforma fiscal ya habían sido impulsados en distintas administraciones y los mismos contaron, en su momento, con el apoyo suficiente para lograr la aprobación del Congreso.
Recordaremos que esos proyectos fueron aprobados en primer debate pero al realizarse la consulta de constitucionalidad naufragaron en la Sala correspondiente por vicios durante su trámite legislativo. Es decir, no fracasaron por falta de apoyo sino por la impericia de los congresistas al no seguir correctamente un procedimiento.
Por lo anterior, nos parece que los efectos de esa promesa inicial podrían ser revisados por don Luis Guillermo y sus allegados. Cerrar la brecha fiscal requiere tanto de una reforma tributaria como de la racionalización del gasto público y la mejor gestión en la recaudación de los impuestos existentes.
Recordemos que en el documento emitido por el Ministerio de Hacienda a finales de año pasado denominado “En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para un Diálogo Nacional” se señalaba, por ejemplo, que mediante la transformación del impuesto sobre las ventas en un impuesto sobre el valor agregado (donde se graven la totalidad de los servicios excluyendo educación y salud) en combinación con una tarifa del 14% de dicho impuesto se lograba una recaudación adicional que se estimó en 0,92% del PIB.
En conclusión el planteamiento de don Luis Guillermo en relación con los gastos públicos nos parece esperanzador y refrescante pero debería acompañarse de una reforma fiscal.