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“No se trata de si tendré que despedirme, sino de cuándo. No quiero continuar con el dolor y el sufrimiento que ha plagado este embarazo (...). No quiero seguir hasta que mi bebé muera en mi vientre o tenga que dar a luz a una hija muerta, o a una cuya vida se mida en horas o días”.
Con ese alegato, Kate Cox presentó el pasado martes una demanda contra el estado de Texas para que hicieran una excepción en su estricta ley antiaborto y le permitieran poner fin a una gestación que los médicos le aseguraron era inviable.
Es la primera mujer en acudir a los tribunales con ese fin desde que en junio del año pasado la Corte Suprema de Estados Unidos derogara 'Roe contra Wade', el emblemático fallo que legalizaba esa práctica en el país.
Aquella decisión del máximo tribunal allanó el camino para que estados controlados por los republicanos, como Texas, promulgaran prohibiciones casi totales del aborto.
Cox, de 31 años, oriunda de Dallas y con más de 20 semanas de embarazo, ganó en principio la batalla.
Pero no pasó ni una semana hasta que perdió la guerra.
Este lunes sus abogados informaron que salió de Texas para poderse someter al procedimiento, convirtiéndose así en el último símbolo de las crecientes restricciones al aborto en EE.UU.
Su hija contaba apenas tres años y Cox estaba aún amamantando a su hijo de año y medio cuando se enteró que estaba embarazada de nuevo.
Era agosto, y aunque la noticia los pilló de sorpresa, tanto ella como su marido Justin Cox se alegraron. Según se lee en la demanda, ser familia numerosa era algo que siempre habían querido.
Pero aquella felicidad pronto empezaría a disiparse.
Un análisis de sangre en octubre les adelantó que algo andaba mal. Un ultrasonido mostró una serie de malformaciones en el feto, incluida la espina bífida, y el diagnóstico definitivo llegó con el resultado de la amniocentesis el 28 de noviembre: el feto tenía trisomía 18.
Conocido también como síndrome de Edwards, es un trastorno genético por el cual en lugar de dos hay tres copias en el material del cromosoma 18 y ello ocasiona retrasos graves en el desarrollo.
Según la demanda, sus médicos le dijeron que, en su caso, no había prácticamente ninguna posibilidad de que el bebé sobreviviera al parto o que viviera más allá de unos pocos días.
Y añadieron que continuar con el embarazo hasta el final podría poner en riesgo su vida o provocarle infertilidad.
“El matrimonio quedó devastado”, se lee en el documento judicial, y optaron por poner fin a la gestación.
Pero mayor fue el shock cuando le aseguraron que, debido a la estricta normativa de Texas en la materia, mientras existiera frecuencia cardíaca fetal no podrían encontrar quien le practicara a Cox un aborto en el estado.
Se debe a la conocida como “la ley del latido” — Texas Heartbeat Act o TX SB08—, promulgada por el gobernador republicado Greg Abbott en mayo de 2021, antes de que se derogara Roe vs. Wade.
Esta le da a cualquier individuo el derecho a demandar a los doctores que practiquen un aborto después de las seis semanas, un periodo en el que muchas mujeres no saben que están embarazadas.
Los médicos de Cox estaban, pues, como le dijeron, "con las manos atadas". Solo podían seguir monitoreando la actividad cardíaca del feto.
Fue entonces cuando empezó el periplo legal de esta texana para lograr el permiso para abortar allí donde reside.
“Estoy tratando de hacer lo mejor para mi bebé y para mí, pero el estado de Texas nos está haciendo sufrir a ambos”, declaró Cox en una tribuna publicada en el Dallas Morning News antes de presentar la demanda el pasado martes, 5 de diciembre.
El jueves, una jueza del condado de Travis, Maya Guerra Gamble, le dio el visto bueno a que interrumpiera el embarazo.
“La idea de que la señora Cox quiera ser madre, y que esta ley pueda causarle que pierda ese derecho es increíble. Permitirlo sería un fracaso de la Justicia”, consideró la letrada, emitiendo una medida cautelar de 14 días para que se llevara a cabo el procedimiento.
La decisión hizo que Cox, que seguía la vista judicial junto a su esposo por Zoom, se pusiera a llorar. Según sus abogados, aquella semana había tenido que acudir cuatro veces a la sala de emergencia del hospital por complicaciones del embarazo.
A la pareja la representaba el Centro de Derechos Reproductivos, una organización civil que está luchando para que las mujeres recuperen el derecho a decidir.
El amparo temporal protegía también a su doctora Damla Karsan, una médico obstetra de Houston que estaría blindada de acusaciones civiles y penales si decidía llevar a cabo el aborto.
iLas organizaciones antiaborto no tardaron en protestar.
“Todos los niños son preciosos y la ley los debería proteger independientemente de cuán corta pueda ser su vida”, dijo en un comunicado Texas Right To Life, añadiendo que Cox debió haber optado por los cuidados paliativos perinatales antes de acabar con la vida del feto.
Asimismo, el gobierno texano, del ala más conservadora del Partido Republicano, actuó rápidamente para frenar el aborto.
A altas horas de la noche del jueves, el fiscal general texano Ken Paxton, un cristiano ultraconservador que emprendió entre otras causas la cruzada contra el aborto en el estado, interpuso una moción para que un tribunal superior echara por tierra la decisión.
“Cada hora en que la medida cautelar está en pie es una hora en la que los demandantes se creen libres para realizar un aborto”, urgió Paxton.
El Estado afirmó que Cox no cumple los requisitos para obtener la única excepción que existe en la legislación local: que la vida de la madre corra peligro.
Y también envió cartas a tres hospitales de Texas amenazando con emprender acciones legales contra los médicos si alguno de ellos llevaba a cabo el procedimiento.
Ante ello, el viernes la Corte Suprema estatal frenó temporalmente el aborto de emergencia mientras estudiaba el caso, y este lunes, 11 de diciembre, falló en contra del mismo.
En su resolución de siete páginas, el máximo tribunal estatal determinó que la médico de Cox no había demostrado que su vida estuviera amenazada debido a una "condición física potencialmente mortal", tal como exige la ley.
"Estas leyes reflejan la elección de políticas que ha hecho la Legislatura y los tribunales deben respetar esa elección", escribieron los jueces.
Apenas horas antes los abogados de Cox habían informado que la mujer abandonó el estado para buscar abortar fuera, sin especificar cuándo o dónde lo haría.
La derogación de 'Roe contra Wade' dio inicio a un nuevo capítulo en la historia legal del aborto en EE.UU.
Son varios los estados en los que los médicos han presentado demandas argumentando que las prohibiciones locales impiden la interrupción incluso en casos de complicaciones graves del embarazo.
El más reciente se registró la semana pasada en Kentucky.
El de Cox es el primer caso de una mujer con un embarazo de riesgo que acude a los tribunales a pedir permiso para que sus médicos puedan hacer lo que consideran médicamente necesario sin temor a sanciones o consecuencias penales.
Lo hizo después de que un juez federal determinara en agosto que la ley de Texas es demasiado estricta para las mujeres cuyos fetos tienen malformaciones congénitas.
Al tiempo que la Corte Suprema de Texas consideraba el caso de Cox, también estaba sopesando otra acción legal que busca aclarar los límites de las excepciones médicas a las prohibiciones al aborto en el estado.
La causa —'Zurawski contra Texas'— involucra a 20 mujeres que aseguran fueron obligadas a seguir con sus embarazos a pesar de que su salud estuviera en peligro, porque la vaguedad de las exenciones estatales hizo que los doctores fueran “extremadamente cautelosos” acerca de cuándo una afección médica era lo suficientemente grave como para permitir un aborto.
Los expertos interpretan que, con la decisión del lunes, el máximo tribunal de Texas sugirió un estándar que podría aplicarse más allá del caso de Cox.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, hasta septiembre el estado solo había registrado 34 abortos en 2023; en los cinco meses previos a la revocación de Roe vs. Wade contabilizó 16.000.
Pero eso no significa que no haya habido texanas que hayan buscado alternativas, como Cox, para poner fin a sus embarazos más allá de las fronteras de su estado.
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