No encarezcamos técnicas mundiales para dejar de fumar

María Inés Solís

Diputada

PUSC

En la Asamblea Legislativa hace unas semanas se aprobó en primer debate el proyecto de Ley 21.658, con mi voto negativo, el cual pretende introducir un impuesto de un 20%, tanto para dispositivos electrónicos de vapeo, como para sus accesorios. Además me genera mucha preocupación la cantidad de proyectos propuestos por diputados que incluyen cargas impositivas para la población.

Iniciativas con fines similares ya han pasado por el Congreso y para cada uno de estas se han advertido las múltiples consecuencias que puede traer para los consumidores y para la economía, entre las cuales podemos mencionar una afectación directa al bolsillo de los costarricenses, aumento en mercados informales, y regreso a métodos tradicionales, en este caso al fumado.

Esta iniciativa de Ley, parte de la premisa de los efectos negativos que tienen todos estos dispositivos para la salud, sin embargo, existen múltiples estudios que indican todo lo contrario y más bien señalan las bondades del uso de este tipo de aparatos, especialmente para personas que intentan dejar el fumado.

Según datos de la Asociación Costarricense de Vapeadores, ASOVAPE, el uso de estos dispositivos electrónicos, “es al menos 95% menos nocivo que el consumo del tabaco combustible. Más aún cuando el uso de estos dispositivos es de un 96% a un 99%, utilizado por personas que fumaron o son usuarios duales (vaporizador de nicotina y cigarro de combustión)”.

En muchos países este producto es utilizado en campañas contra el tabaquismo, como por ejemplo Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá o Francia.

El documento enviado por ASOVAPE a todas los Diputados, indica que algunos de los beneficios por el uso de este tipo de dispositivos son: que no ocasiona afectación al inhalador pasivo, disminuye la rigidez arterial, y en su efectividad para la cesación tabáquica, se considera desde el doble hasta 600% más eficiente que cualquier otro método.

Otro de los puntos que genera preocupación en caso de que se apruebe esta iniciativa, es el aumento en el comercio ilícito y el consumo de cigarros tradicionales por parte de la población, los cuales si está demostrado que tienen fuertes efectos sobre la salud.

Según datos proporcionados en el conversatorio “Comercio Ilícito y el papel de la Organización Mundial de Aduanas para su prevención y combate en Centroamérica y República Dominicana” en Costa Rica el contrabando de cigarros tradicionales creció de un 33.9 % en el 2015 a un 42% en el 2020, lo cual significa un aumento en el comercio ilícito de aproximadamente de ₡ 700 millones de colones en cigarros tradicionales.

Ahora, si se llegara a aprobar el proyecto, veríamos un incremento en estos números tan preocupantes, e inclusive podríamos pensar en un mercado ilícito de dispositivos electrónicos de vapeo.

Este tipo de iniciativas son completamente contrarias con la recuperación económica que Costa Rica necesita y también con las políticas de salud que se han implementado en el país, en pro de disminuir el uso del tabaco.

Es por esto que varios congresistas hemos consultado este proyecto a la Sala Constitucional, a efecto de que conozcan nuestras observaciones y del por qué nos oponemos a esta iniciativa, que traerá otro impuesto que desacelerará la reactivación económica, alimentará un mercado informal, consumidores buscarían métodos más baratos como el fumado tradicional y mientras en otros países se utiliza este método como mecanismo para dejar de fumar, en Costa Rica se busca aumentar su precio.