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No a la impunidad


El informe dado a conocer el pasado lunes a propósito de la autorización irregular de créditos por parte de la junta directiva del Consejo Nacional de Producción (CNP), nos pone por delante un panorama aún más preocupante del que se creía tener.
Los jerarcas de esta institución no solo aprobaron en cuestión de seis horas ¢11 mil millones para 21 proyectos con fondos que serían destinados a la Banca de Desarrollo, sino que además solo tres de esos préstamos concedidos cumplían con los requerimientos legales y financieros.
De manera que apenas un 8% de los dineros aprobados —que valga la pena recalcar, son fondos públicos— se avalaron de forma legítima.
Tras rendir el informe Guido Vega, presidente ejecutivo del CNP, decidió presentar su renuncia con la supuesta intención de despejar el camino para que se profundice en futuras investigaciones.
Adicionalmente Carlos Villalobos, viceministro de Agricultura, que estuvo enterado de la masiva aprobación de créditos se mantiene en su cargo, así como el resto de los directivos del CNP.
Es decir, que una falta tan grave como lo es la autorización de recursos públicos sin haber seguido el debido procedimiento, no está siendo castigada ni sus responsables están enfrentando consecuencias. Al menos, no por ahora.
LA REPUBLICA rechaza la posibilidad de que una acción de esta índole, que eventualmente podría ser juzgada como un delito de peculado, quede impune, en el caso de demostrarse las responsabilidades.
Vemos con suma preocupación que estando al corriente de la irregularidad en que sucedieron los hechos, a la fecha la administración Arias no haya puesto el caso en conocimiento del Ministerio Público y que este último todavía no haya emprendido una investigación que debería ser de oficio.
Es inaudito que con las malas experiencias registradas en la administración pública en el pasado, un descuido de este tipo no tenga las debidas implicaciones. Estos hechos simplemente no se pueden dejar pasar y estaremos vigilantes de eso.
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