Nicaragua avanza, Costa Rica a paso lento

Dragado en San Juan se intensifica, mientras ticos vienen a menos

Nicaragua avanza, Costa Rica a paso lento

Construcción de vía paralela al río está suspendida y puestos de vigilancia fueron eliminados

Mientras Nicaragua triplica esfuerzos y cuenta los días para concluir el dragado en el río San Juan, Costa Rica bajó el ímpetu en concretar acciones para resguardar la zona fronteriza en Isla Calero.

El vecino del Norte pasó de utilizar una a tres dragas, lo cual permite que los trabajos de limpieza hayan avanzado en un 50%. Esto a menos de un año de que inició el proyecto y a pesar de que las labores se vieron afectadas durante varios meses por la querella que las autoridades nacionales interpusieron ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda.

Junto a la maquinaria suministrada por el Gobierno de Venezuela, al menos una veintena de hombres ayudan en la extracción de sedimentos del cauce.

Las dragas Soberanía I, II y III se encuentran en la zona del delta, de unos cinco kilómetros, donde convergen los ríos San Juan de Nicaragua y Colorado de Costa Rica. Trabajo que se prevé estará concluido a mediados de agosto si no se presenta ningún inconveniente.

“Estamos quitando el tapón del delta para que pueda entrar un caudal de agua suficiente para abastecer el río como para que entren yates y otro tipo de embarcaciones de buen calado”, dijo Edén Pastora, encargado del dragado a la prensa nicaragüense.

En contraposición, los trabajos de Costa Rica para resguardar la zona limítrofe, poco a poco han ido mermando y dejando la zona con débil presencia física de vigilancia.

La carretera paralela a la frontera, que se construía en suelo nacional, como vía complementaria para no depender del San Juan y facilitar la seguridad en la zona, debió suspenderse por falta de financiamiento.

Se han habilitado 330 kilómetros para ser transitados y faltan 120 kilómetros de caminos y edificar tres puentes, para lo que se necesita una inversión de unos ¢3 mil millones.

Los fondos debe girarlos la Comisión Nacional de Emergencias, pues es la encargada para este fin, tomando en cuenta que el dinero para dicha infraestructura se asignó por un decreto de emergencia firmado por la presidenta Laura Chinchilla, explicó Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes.

Si bien los trabajos están paralizados en su totalidad, Jiménez estima que en las próximas semanas se girarían los recursos, lo que permitiría terminar la carretera antes de que finalice el año.

Al tiempo que existen atrasos en dichas obras, los puestos de vigilancia en las zonas aledañas al área de exclusión, que determinó La Haya como medida cautelar, fueron eliminados.

Para resguardar esta área, miembros de la Policía de Fronteras periódicamente realizan recorridos e inspecciones, pero para ello deben caminar durante un día, aproximadamente. Labor que se dificulta en invierno, debido a que el terreno es prácticamente un pantano.

La eliminación de los puestos de vigilancia se debe a que la presencia de personal es difícil por las condiciones del terreno y la ausencia de vías de comunicación, aseveró Mario Zamora, ministro de Seguridad.

Asimismo, defendió el accionar y las medidas de seguridad que toma el Gobierno, alegando que aunque no hay una presencia de oficiales permanente, la zona sí es monitoreada con mecanismos tecnológicos las 24 horas del día.

“Por cuestiones de seguridad nacional no puedo comentar cuáles mecanismos utilizamos, pero la zona nunca ha estado abandonada. Toda la información recabada es enviada a la Cancillería”, añadió Zamora.

Entre tanto, el 24 de junio Costa Rica volvió a denunciar a Nicaragua ante la Corte de La Haya por presuntamente violar las medidas cautelares que dictó este órgano internacional, ya que constantemente civiles del país vecino ingresan al área de exclusión.

Mediante fotografías y otro tipo de pruebas documentales, las autoridades diplomáticas nacionales justificaron la nueva querella.

Tal denuncia fue adjuntada al expediente del caso por el fondo de violación a la soberanía costarricense y por daños ambientales a Isla Calero, que se abrió contra Nicaragua.

El 8 de marzo, esta instancia había determinado que a Isla Portillo-Calero no pueden ingresar militares, ni policías, ni civiles hasta que no se resuelva por el fondo la denuncia planteada por autoridades nacionales de que dicho territorio fue invadido por soldados nicaragüenses durante cuatro meses y medio, a finales del año pasado y principios de 2011.

Aunque la esquina noroeste de Calero nunca dejó de ser de Costa Rica, solo expertos ambientalistas pueden visitarla, siempre y cuando cumplan con dos condiciones impuestas por La Haya. Contar con un aval de la Convención Internacional de Humedales (Ramsar) y dar previo aviso a Nicaragua.

Resolución que dejó en estado de indefinición aspectos cruciales sobre la soberanía nacional, en esta porción del territorio, pues imposibilita el libre tránsito y desarrollo de acciones que el país quiera realizar.

El conflicto con el vecino del Norte se suscitó desde el pasado 21 de octubre, cuando el país denunció que Nicaragua vertía en su territorio de manera ilegal los sedimentos del dragado que el gobierno de Daniel Ortega realiza en el río San Juan.

Pocos días después, Costa Rica también evidenció la invasión de militares nicas a Isla Calero, donde permanecieron hasta que la Corte de Justicia dictó medidas cautelares y ordenó la desocupación de la zona.

Hasta la fecha las autoridades nicaragüenses aducen que el conflicto se debe a un malentendido sobre el límite fronterizo y no a una invasión, como denunció Costa Rica.

El caso antes de llegar a la Corte de La Haya fue analizado en el seno de la Organización de Estados Americanos.

Sin embargo, las gestiones en esta instancia regional no dieron efecto, pues Nicaragua no cumplió con la resolución que ordenaba el desalojo de Isla Calero.

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net