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Jueves, 3 de diciembre de 2020



COLUMNISTAS


Ni ingenuo ni mal pensado

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 26 octubre, 2020


Hoy las condiciones tan difíciles que sufrimos en salud, en pobreza, en desempleo, en paz social nos obligan -aún más que siempre- a buscar el bien común. Para ello, la política debe ser constructora de la unidad para llegar a soluciones, con el ejercicio responsable de las competencias que a cada cual nos corresponde ejercer.

Somos libres y sociales, y como tales debemos ser responsables de nuestros actos individuales y de nuestra participación en las acciones colectivas.

El Concilio Vaticano II define el bien común como “el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección”, y según el Catecismo de la Iglesia el bien común comporta tres elementos esenciales: respeto a la persona, bienestar social y desarrollo del grupo, y paz.

Como nos lo recuerda el Papa Francisco en Fratelli Tutti, la fraternidad es la clave que nos permite buscar el bien común y resolver las confrontaciones entre libertad e igualdad, haciendo que mi bien tome en cuenta el bien de los demás.

Para establecer las condiciones de nuestra “vida social que permitan a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección” es indispensable solucionar la insostenible situación fiscal y volver a tener crecimiento económico.

¿Están el Gobierno, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, los medios de comunicación y los gremios actuando para conseguirlo?

No sé si las autoridades están persiguiendo ese bien común, o más bien promoviendo intereses partidistas de corto plazo.

No quiero pecar ni de ingenuo ni de mal pensado, pero los signos me tienen confundido.

¿Cómo entender que en medio de una crisis fiscal y del trámite de la Ley de Empleo Público se firme con presencia del Presidente una convención colectiva con los sindicatos de educadores que incrementa el número de empleados públicos con derecho a pluses salariales, que condona deudas por pagos ilegales a empleados públicos, que aumenta otros beneficios?

¿Qué significan las contradicciones de la fracción oficial en la Asamblea Legislativa con relación a rebajar el gasto en el Presupuesto para el año entrante?

¿A que responden las posiciones de los partidos políticos de oposición que claman por reducir gastos, y en sus actuaciones legislativas se oponen a los proyectos que los disminuyen, y más bien buscan disminuir ingresos tributarios?

¿Cómo explicarnos que un señor juez de la república se niegue a imponer la medida cautelar de no continuar con una acción que irrespeta la ley?

¿Existe alguna explicación para que ante el crecimiento del gasto por pago de intereses y teniendo créditos de agencias internacionales a mucho más bajo tipo de interés en trámite de la Asamblea Legislativa por $1.095 millones, sin presentar por el Poder Ejecutivo por $50 millones y por estructurar en CAF por $500 millones no se apresure su aprobación para sustituir deuda cara y bajar la carga de intereses?

¿Será posible que construya una solución una asamblea con 70 delegaciones, cada una con un interés sectorial, sin un procedimiento predeterminado ni un hábito de diálogo entre ellas y sin un proyecto concreto que debatir?

No quiero ser mal pensado y atribuir a actor alguno objetivos incompatibles con el ejercicio de sus responsabilidades. Tampoco quiero ser ingenuo y creer que todo se resolverá como por arte de magia.

Me preocupan las reacciones de los actores económicos nacionales y extranjeros frente a esta confusión.

Los bonos del gobierno ya han perdido un 10% de su valor a pesar de sus altas tasas de interés. ¿Cuánto más nos costará financiar el gasto público?

Ojalá no se tarde mucho en aclarar los oscuros nublados del día.

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