Ni asesorías ni controles
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Ni asesorías ni controles


Dueños de vehículos particulares, empresas de autobuses, taxistas y en general todo aquel que deba circular con un vehículo por las calles y carreteras cantonales sufre en Costa Rica el serio problema de caer de hueco en hueco desde hace muchos años y tener que gastar en arreglos para sus medios de transporte, a pesar de que paga cada año los impuestos correspondientes para que se hagan los arreglos necesarios y las calles estén en buenas condiciones.
¿Qué es lo que ocurre? Todo el mundo se hace esta pregunta y nadie la responde. La responsabilidad del arreglo de esas vías es de los gobiernos locales y, si bien antes estos alegaban en su defensa que no contaban con fondos para ello, la situación cambió, los recursos económicos les son girados pero lo que no ha cambiado es el estado de las calles.

Las municipalidades no cumplen con esta obligación y es probable que esgriman diversas excusas o enumeren obstáculos para intentar justificarse. Nada es razonable sin embargo. Deberían encontrarse trabajando a toda velocidad en procura de poner al día el enorme retraso que las comunidades han tenido que soportar por años al respecto y cuando se les dificulte hacerlo, cada una por su lado, unirse algunas, cercanas, para enfrentar mejor las dificultades.
Por otra parte, el país cuenta con una entidad, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), que tiene como misión justamente asesorar y ayudar a diseñar estrategias y resolver trabas o problemas a los gobiernos locales para que despeguen finalmente en el cumplimiento de lo que por naturaleza les corresponde: la debida atención a sus comunidades.
Una nota de LA REPUBLICA del miércoles evidencia la lentitud del trabajo en las municipalidades y el hecho de que carecen de experiencia o personal capacitado para llevar a cabo los trámites. Pero el IFAM debería haber trabajado para solventar esas deficiencias.
A pesar de todo lo anterior, la realidad es que, como se detalla en la mencionada nota, las municipalidades no han proporcionado la información sobre la marcha de la ejecución de sus respectivos presupuestos ni al IFAM, ni al Ministerio de Obras Públicas ni a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. ¿Los habrán solicitado estas instituciones?
¿Es en este punto muerto donde deben quedar las cosas? ¿Y la rendición de cuentas? ¿Y los controles? ¿Quién asume la responsabilidad por la inacción?

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