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Empresarios se sienten frustrados al prestar servicios al sector público
Negocios con el Estado son un calvario

• Empresas reconocen que atrasos en los plazos para la ejecución de proyectos provocan desequilibrios financieros
• Reforma a la ley de Contratación Administrativa que busca simplificar trámites y tiempos no ha dado frutos


Karen Retana
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Hacer negocios con el Estado es un calvario.
A pesar de que hace un año entró en vigencia una reforma a la ley de Contratación Administrativa que pretendía reducir las trabas burocráticas para que las empresas pudieran hacer negocios con el Estado de forma más sencilla, lo cierto es que a la fecha no ha dado los resultados esperados.
Varios ejemplos evidencian las dificultades de muchas empresas para cerrar negocios con el Gobierno, al punto que termina frustrando a muchas de ellas.
Por ejemplo, tras seis años de estira y encoge, el Consorcio Cartellone -Acosol y SNC Lavalin abandonó el proyecto de la carretera a Caldera, cansado de esperar por los trámites.
Otro caso es el de la nueva red de fibra óptica que se instalará a lo largo y ancho del país llamada “Frontera a Frontera”, la cual tardó cuatro años desde que se ideó hasta que se inicie su ejecución. Pese a que el proyecto deberá estar en operación en el primer trimestre de este año, aún no se ha definido su puesta en marcha.
El tiempo transcurrido en estos dos proyectos son tan solo un par de ejemplos de la odisea que enfrenta el sector privado para finiquitar negociaciones con éxito con el Gobierno.
Pese a que el Estado es un cliente potencial por su capacidad y volumen de compra, la burocracia en la adjudicación desafía la paciencia de las empresas.
Para Alejandra Montiel, abogada de la firma Zürcher Odio & Raven, el problema obedece al sistema arcaico que tiene Costa Rica en comparación con otros países, lo cual ha provocado que algunos de sus clientes —principalmente extranjeros— desistan.
“Cuando se le explica al cliente la multiplicidad de pasos que hay que seguir, se muestran sorprendidos, pues en las legislaciones de sus países estos procedimientos son más expeditos”, señaló Montiel.
Por ejemplo, uno de los escollos con que se debe lidiar es que los proveedores deben registrarse en cada institución cuyos requisitos no son uniformes. Asimismo, algunos carteles no cuentan con especificaciones de lo que necesitan, por ejemplo en variables como calidad versus precio, dijo la representante legal.
“Para salir adelante es necesario convertirse en un zorro de la contratación administrativa. La administración es juez y parte por lo que es difícil defenderse en esas condiciones”, dijo Montiel.
Parte de la problemática que afecta la agilidad en la contratación administrativa y la concesión de obra pública es la falta de planificación adecuada y la deficiente gestión de gasto por parte de la Administración.
“Uno de los grandes problemas es que, en una misma contratación, están involucradas múltiples instituciones públicas. Cada una ejerce su competencia y no siempre de forma coordinada”, sostuvo Eric Scharf, abogado de la firma legal Feinzaig, Scharf & Van der Putten.
Scharf, quien brindó asesoría legal en la concesión de la carretera San José – Caldera, explicó que el concesionario tuvo que negociar el contrato con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, con el Consejo Nacional de Concesiones; la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos debía emitir su aprobación tarifaria; Setena otorgaría la viabilidad ambiental de los proyectos y la Contraloría General de la República tuvo que refrendar los contratos.
“Esta multiplicidad de actores, típicamente no coordinados, atrasan los procesos de contratación”, sostuvo el abogado.
El Informe sobre el Estado de la Nación coincide con Scharf, ya que señala que entre las mayores deficiencias que cuenta el sistema de concesiones de obra pública, se encuentra la falta de planificación y coordinación institucional e interinstitucional, la cual genera atrasos innecesarios.
El informe también señala que los trámites administrativos complejos con múltiples aprobaciones y revisiones dentro de la misma institución continúa siendo uno de los principales escollos que afectan los procesos de contratación.
“La existencia de una maraña absurda de normativas que asfixia es parte de los factores que afectan la agilidad en concesiones”, sostuvo Luis Diego Vargas, viceministro de Concesiones.
Pese a que la reforma a la Ley de Contratación Administrativa —aprobada a inicios del año pasado— tiene como objetivo eliminar parte de las trabas en términos de tiempo y tramitología, los resultados no han dado sus frutos, debido a que las instituciones apenas están adaptándose a la reglamentación.
Por otra parte, aunque la reforma a la Ley y su nuevo reglamento permiten mecanismos más ágiles para contrataciones de menor cuantía, dicha reforma es más restrictiva en contratos de obras mayores, los cuales son necesarios para mejorar la infraestructura nacional.
El entrabamiento también obedece a la poca capacitación y experiencia de algunas instituciones para la elaboración de los carteles, sistemas de evaluación de concursos y del registro de empresas.
La fuga de al menos 17 profesionales con años de experiencia ha puesto en riesgo las operaciones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), debido a las limitaciones para confeccionar los carteles de licitación.
“Los procesos se atrasan por la fuga de personal. Hemos tenido que empezar con una reorganización, sin embargo es difícil encontrar funcionarios de alto rango con salarios muy por debajo a los del sector privado que puedan realizar estas tareas”, lamentó Alejandro Molina, director del CONAVI.
Un estudio sobre Contratación Administrativa en Centroamérica, efectuado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, señala que en Costa Rica se genera una pérdida de tiempo y de recursos económicos debido a la falta de documentos técnicos estándar, con lo cual se hace necesario elaborar información especial para cada proyecto.
Por otra parte, algunas instituciones carecen del conocimiento y experiencia a la hora de definir las características del servicio que requieren. Esto ha impulsado a que las empresas proveedoras realicen un trabajo de divulgación para actualizar al Gobierno, principalmente en temas vinculados sobre tendencias en la tecnología.
“Cuando la licitación sale a concurso, los encargados por lo menos tienen una idea de cuáles empresas brindan el servicio, porque de lo contrario es muy difícil ganar, si el Gobierno no conoce el producto ni la empresa”, aseguró Gerardo Benavides, gerente general de BD Consultores.
La relación con el Gobierno ha enseñado a esta empresa a ser cauta a la hora de ofrecer un producto y destreza para conocer el marco estratégico de la institución.
Para Benavides, una de las situaciones que atrasa la adjudicación son las apelaciones y atrasos en los plazos de ejecución, lo cual provoca desequilibrios financieros en el proyecto por la duración de la resolución.
La Contraloría General de la República ha tratado de paliar la situación minimizando tiempos y promoviendo mayor eficiencia en las instituciones, pero el desinterés o la falta de preparación para cumplir con los procesos internos ha incidido, señaló Benavides.
Esta percepción contrasta con la de Carlos Arguedas, gerente de división de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, quien sostuvo que existe una mejora en el sistema en cuanto a simplificación y claridad de las normas de ejecución en los procedimientos de concurso.
Arguedas aseguró que la actividad contractual ha ocurrido de forma más expedita. Aunque las apelaciones no han disminuido, los plazos se redujeron de 40 días a 30 días.





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