Negocio redondo: investigaciones médicas
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 26 septiembre, 2012
Farmacéuticas, médicos y Gobierno recibirían ganancias
Negocio redondo: investigaciones médicas
Seducen a quienes tomarían la decisión de si es legal o no
La experimentación de nuevas medicinas para luchar contra enfermedades como el cáncer y otras, está rodeada de fuertes intereses económicos.
El calor del interés monetario atiza el debate sobre la conveniencia de permitir estas investigaciones en el país.
En un extremo están los que consideran que la ley en estudio es permisiva con las empresas.
En el otro está el grupo de diputados que no ve ninguna razón para frenar más la aprobación del proyecto.
Al margen de esas consideraciones, los experimentos biomédicos son un negocio redondo prácticamente para todos, incluido el Gobierno.
Un médico por ejemplo, ganaba entre $200 y $2 mil por cada paciente enfermo que reclutara para las farmacéuticas en 1996, de acuerdo con registros de la Caja.
La ganancia se determinaba a través de la frecuencia de las consultas, la cantidad de dosis suministradas y por supuesto, el número de personas reclutadas.
La mayoría de los experimentos eran realizados por médicos del sector privado, ya que el Estado establecía más requisitos para desarrollar las investigaciones.
Por otra parte, en el momento en que se prohibieron los ensayos clínicos, las diez empresas que se dedicaban a este tipo de negocios en el país, tenían en desarrollo casi 200 estudios diferentes con unas 13 mil personas involucradas.
Esto hubiera significado unos $40 millones en inversión extranjera directa, manteniendo las decenas de empleos que la industria generaba y al mismo tiempo, fomentando otras oportunidades de negocio para otras empresas en el país, desde servicios de limpieza hasta otros más técnicos.
Es evidente que toda esa ola de inversión hubiera significado al Gobierno un monto importante en impuestos.
Cálculos conservadores de las empresas estiman el pago de gravámenes en unos $12 millones, dinero que sería bien recibido en momentos de grave déficit fiscal como el que vivimos.
“Cuando se prohibió hacer investigaciones, muchas de las empresas en el país se fueron para otro lado, por lo que la inversión extranjera directa se perdió, así como el pago de impuestos y decenas de empleos”, dijo Guillermo Rodríguez, presidente del Instituto de Investigaciones Clínicas.
Por otra parte, la posibilidad de desarrollar una medicina eficaz contra una enfermedad puede significar incontables millones como recompensa.
Hace un par de años, las investigaciones biomédicas fueron prohibidas en el país por la Sala IV, afectando a varios sectores al mismo tiempo.
Por el momento, la ley que permitiría que se reactiven las investigaciones biomédicas está trabada en el Congreso. Ayer se suscitó un acalorado debate por varias horas.
Varios legisladores como María Eugenia Venegas del PAC, han presentado decenas de mociones, con el objetivo de evitar que los intereses económicos estén por encima de los pacientes.
“Hemos venido apuntando un desplazamiento de los ensayos clínicos hacia el sector privado, lo que se ha convertido en una actividad muy rentable, lo cual no es necesariamente condenable. Lo que hay que garantizar es que esto sea ético”, indico Venegas.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Negocio redondo: investigaciones médicas
Seducen a quienes tomarían la decisión de si es legal o no
El calor del interés monetario atiza el debate sobre la conveniencia de permitir estas investigaciones en el país.
En un extremo están los que consideran que la ley en estudio es permisiva con las empresas.
En el otro está el grupo de diputados que no ve ninguna razón para frenar más la aprobación del proyecto.
Al margen de esas consideraciones, los experimentos biomédicos son un negocio redondo prácticamente para todos, incluido el Gobierno.
Un médico por ejemplo, ganaba entre $200 y $2 mil por cada paciente enfermo que reclutara para las farmacéuticas en 1996, de acuerdo con registros de la Caja.La ganancia se determinaba a través de la frecuencia de las consultas, la cantidad de dosis suministradas y por supuesto, el número de personas reclutadas.
La mayoría de los experimentos eran realizados por médicos del sector privado, ya que el Estado establecía más requisitos para desarrollar las investigaciones.
Por otra parte, en el momento en que se prohibieron los ensayos clínicos, las diez empresas que se dedicaban a este tipo de negocios en el país, tenían en desarrollo casi 200 estudios diferentes con unas 13 mil personas involucradas.
Esto hubiera significado unos $40 millones en inversión extranjera directa, manteniendo las decenas de empleos que la industria generaba y al mismo tiempo, fomentando otras oportunidades de negocio para otras empresas en el país, desde servicios de limpieza hasta otros más técnicos.
Es evidente que toda esa ola de inversión hubiera significado al Gobierno un monto importante en impuestos.
Cálculos conservadores de las empresas estiman el pago de gravámenes en unos $12 millones, dinero que sería bien recibido en momentos de grave déficit fiscal como el que vivimos.
“Cuando se prohibió hacer investigaciones, muchas de las empresas en el país se fueron para otro lado, por lo que la inversión extranjera directa se perdió, así como el pago de impuestos y decenas de empleos”, dijo Guillermo Rodríguez, presidente del Instituto de Investigaciones Clínicas.
Por otra parte, la posibilidad de desarrollar una medicina eficaz contra una enfermedad puede significar incontables millones como recompensa.
Hace un par de años, las investigaciones biomédicas fueron prohibidas en el país por la Sala IV, afectando a varios sectores al mismo tiempo.
Por el momento, la ley que permitiría que se reactiven las investigaciones biomédicas está trabada en el Congreso. Ayer se suscitó un acalorado debate por varias horas.
Varios legisladores como María Eugenia Venegas del PAC, han presentado decenas de mociones, con el objetivo de evitar que los intereses económicos estén por encima de los pacientes.
“Hemos venido apuntando un desplazamiento de los ensayos clínicos hacia el sector privado, lo que se ha convertido en una actividad muy rentable, lo cual no es necesariamente condenable. Lo que hay que garantizar es que esto sea ético”, indico Venegas.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net