Negocio de armas debe regularse

El uso y la tenencia de armas de fuego es una actividad que requiere una regulación moderna y efectiva, que se adecue a las realidades del país y sobre todo que no sea copartícipe de un aumento en la violencia nacional.

Al respecto, una nueva reforma a la legislación ha comenzado a asomarse —aún en forma tímida— en la Asamblea Legislativa.

La necesidad de tener una nueva estructura legal en torno al tema es evidente no solo desde el punto de vista de la simple comercialización de estos productos, sino también desde las responsabilidades para el portador y para el Estado mismo.

Estadísticamente está comprobado que una sociedad armada es más violenta. Desde 1999 hasta 2006 la tasa de homicidios culposos cometidos con armas creció en el orden de un 50% a poco más del 60%.

Un crecimiento constante de la violencia no es una tendencia conveniente para el país. Afecta desde el interés externo para la atracción de nuevas inversiones, hasta el turismo, el sistema de salud que se ve obligado a atender cada vez más víctimas, así como una pérdida de confianza de la población en el ámbito interno.

Pero la nueva legislación debe venir acompañada además de un cambio profundo en otros segmentos de la sociedad.

Se deben crear políticas educativas en torno al tema y se debe ser decidido en el combate al tráfico ilegal, responsabilizando con todo el peso de la ley a quienes posean un arma sin permiso, a los terceros que las adquieren en el mercado negro y al dueño original que no reporte su robo o desaparición o que la ceda sin aval de las autoridades.

Pero ante todo, hay que estar conscientes de que armarse no es la respuesta contra la delincuencia.

La solución a esta problemática está en manos del gobierno, el cual debe garantizar a la ciudadanía la tranquilidad suficiente para salir a las calles sin sentir temor, sin que se sienta tentada a buscar en un arma un escudo de protección contra el hampa, de sembrar un ambiente adecuado para el futuro de nuestros hijos.