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Pugna crece por legalidad de acuerdo para concesionar puertos del Caribe
Negociaciones entre Gobierno y sindicatos se derrumban
Grupo de presión advierte que luchará hasta las últimas consecuencias

Rommel Tellez
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La pugna que por seis días mantiene tensas las relaciones entre el brazo del Gobierno y el de los sindicatos, reventó ayer en horas de la tarde, luego de rechazarse un borrador de acuerdo común por el control de los puertos caribeños.
El rompimiento de negociaciones se dio cinco días después de que varios dirigentes sindicales tomaron el sétimo piso de las instalaciones del ministerio de Trabajo.
Desde allí, los gremios han presionado al Gobierno para que desconozca un acuerdo en el cual un grupo de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) acordó dar en concesión privada los puertos del Caribe.
Este sería nulo pues las conversaciones no se dieron directamente con la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, alegan los sindicalistas.
Sin embargo, la propuesta presentada ayer por Roberto Thompson, viceministro de la Presidencia y Álvaro González, ministro de Trabajo, no contempla claramente el acatamiento de la petición sindical.
En dicha propuesta, el Gobierno accede a “valorar los argumentos expuestos” por el sindicato y tomar las resoluciones que conforme a derecho correspondan.
Ante este panorama, y en medio de cánticos y algarabía general, los agremiados decidieron dar por finalizadas las discusiones, luego de advertir que lucharán hasta las últimas consecuencias.
El Gobierno busca privatizar los puertos a toda costa, y la indemnización que han prometido a los funcionarios del puerto es una “mordida”, denuncian los dirigentes.
“Esa cantidad de plata nos la van a cobrar a los costarricenses. Les decimos a los exportadores que pelen el ojo, porque los costos de exportación van a subir,” recalcó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
La propuesta presentada por el Gobierno contiene todas las garantías que los sindicalistas necesitan para llegar a una resolución objetiva, se defendió Thompson.
“Pareciera que esto a ellos no les basta, pero hasta aquí podemos llegar, de lo contrario, sería condicionar el resultado de una resolución,” puntualizó.
Ante tales circunstancias, los dirigentes gremiales se disponían a evacuar el edificio en el pernoctaron por casi una semana, y en el cuál se alimentaron con sándwiches y comidas calientes que sus seguidores proporcionaron. Al cierre de edición era inminente el desalojo.
“La toma del edificio es un acto ilegal (…) el Gobierno debe garantizar el acceso a una institución pública y ya se giraron las peticiones del caso”, advirtió Thompson.
Por ahora, no se sabe qué medidas tomarán los sindicatos, sin embargo es posible visualizar acciones en los puertos respectivos.
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