Negociación por puertos del Caribe navega en tres escenarios
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Aspectos técnicos, políticos y sociales se confabulan en tenso diálogo entre Gobierno, sindicatos y oposición
Negociación por puertos del Caribe navega en tres escenarios

• Sector empresarial presiona por que decisión se tome antes de que finalice 2008

Carlos Jesús Mora
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En diciembre de 2008 el Gobierno sacará, a como dé lugar, la licitación del cartel mediante el cual los puertos del Atlántico se darán en concesión a un operador privado.
La administración Arias Sánchez apuesta a ser la que concluya el proyecto que por más de diez años ha encallado en infructuosos estudios de factibilidad y negociaciones con los muelleros de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Sin embargo, la negociación del Ejecutivo tendrá que navegar en tres escenarios distintos a la vez, uno técnico, otro político y por último social.
Desde el punto de vista técnico las cifras apuntan a que los puertos del Atlántico están colapsando.
Alrededor de un 80% de la actividad comercial del país se lleva a cabo desde este punto, a pesar de que el puerto de Moín presenta un uso de su capacidad del 82%. El problema es que según analistas ya un nivel de uso de 60% es considerado cercano al tope recomendado.
Con solo una grúa pórtica, Moín ha incrementado su trasiego de toneladas en los últimos tres años, al pasar de 9,9 millones de toneladas en 2007 a 8,1 millones en 2005.
“Es un trabajo que se hace a duras penas, realmente es incierto como se ha logrado incrementar la actividad con condiciones no muy favorables”, dijo Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de Japdeva.
De igual manera el puerto Alemán, en el centro de Limón, es cada vez menos atractivo para los cruceros. Mientras que en 2005 llegaron 130 cruceros en 2007 solo lo hicieron 121.
En cuanto al ámbito político de la negociación, la concesión de los puertos ancló en un momento de tensión partidaria. La precampaña política que se percibe actualmente impulsa a que este tema sea aprovechado por la oposición para calentar la arena política.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) ya lanzó su propuesta. La agrupación rojiamarilla se opone al modelo propuesto por el Gobierno y promueve entre empresarios y sindicalistas la idea de que se invierta en la modernización de los puertos actuales y que un ente privado edifique y opere una nueva terminal.
La propuesta fue rechazada categóricamente por el Gobierno.
“Es lamentable que se rechace nuestra propuesta, nuestra iniciativa es ampliamente aprobada por los muelleros y por los empresarios que utilizan los puertos del Atlántico para el trasiego de sus exportaciones e importaciones”, dijo Rafael Elías Madrigal, diputado del PAC.
Paralelamente a los aspectos técnico y político, el social también tendrá su peso de consideración.
El sindicato de Japdeva (SINTRAJAP) ha demostrado una férrea oposición a la concesión de los puertos, su última advertencia fue la de “tomar medidas fuertes de presión” si el Gobierno no desiste de su plan.
El pasado jueves el sindicato rechazó los $60 millones que el Gobierno le ofreció para indemnizar a los empleados de los puertos una vez que entre a operar el concesionario que vaya a administrar los puertos de Moín y Limón.
Este monto provendría del monto inicial que pagaría un operador por la concesión de los puertos, el cual ronda los $80 millones.
Ni la promesa de que se reconocerían “en pleno” sus derechos laborales de acuerdo con los alcances de su convención colectiva y la implementación de un plan de prejubilaciones y capacitación les despertó el más mínimo interés y de plano descartaron una negociación sobre la propuesta.

Tampoco se mostraron convencidos con las promesas del Gobierno sobre oportunidades de trabajo, mediante la recontratación del nuevo operador.
En medio de este panorama, el sector empresarial apela a una pronta resolución. “Se necesitan cambios urgentes para impulsar la competencia, necesitamos una mayor eficiencia en los puertos del Atlántico, esta decisión, sea cual sea, no puede postergarse más, la decisión debe tomarse antes de que finalice este año”, dijo Abel Chávez, presidente de la Cámara de Piñeros y Meloneros.


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