Necesaria habilidad para fiscalizar
El camino de la apertura ha estado lleno de tropezones, con un operador vinculante que parece estar mejor enterado que el propio ente regulador
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 07 enero, 2011
La decisión adoptada por Costa Rica de apostar por una economía de apertura, donde la empresa privada tiene ya un protagonismo en el desarrollo económico del país, requiere estar acompañada de una regulación efectiva, de un Estado hábil y ágil, capaz de responder de la mejor manera ante cualquier piedra que surja en el camino.
Hoy día no existe duda de que la inminente llegada de la competencia en las telecomunicaciones traerá amplios beneficios para el consumidor final y para el mismo mercado; sin embargo, implicará también un mayor protagonismo privado en las metas de crecimiento económico y de bienestar social del país.
La historia costarricense ha demostrado ser débil en el control y fiscalización de terceros. Basta simplemente dar una mirada hacia atrás en los titulares de la última década de este diario para hacerse una rápida idea de todo lo ocurrido alrededor de proyectos importantes como el Aeropuerto Juan Santamaría o la ampliación de la vía a San Ramón, para mencionar solo dos ejemplos.
Por ello, resulta trascendental que en forma paralela el Estado pueda demostrar capacidad para atender cualquier desvío que se produzca en el camino. Debe ser un regulador bien pagado, bien capacitado y sobre todo comprometido con su rol de vigilante.
Estamos a las puertas de conocer cuánto están dispuestas a pagar las empresas interesadas en la apertura celular por participar en el mercado.
Sin embargo, el camino de la apertura ha estado lleno de tropezones, con un operador vinculante que parece estar mejor enterado que el propio ente regulador, y que al parecer en sus manos continúa el poder del eventual éxito o fracaso del proceso, con tan solo una decisión de acudir o no a un juzgado.
Hacemos votos por que en esta última etapa del proceso, en la cual posiblemente se adjudicará la concesión a las únicas dos empresas participantes, el país, los consumidores, el Estado mismo; cuenten con unas reglas del juego lo suficientemente claras como para que esos tristes ejemplos no vuelvan a repetirse.